“Hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa”, señala Celaá en una entrevista en ‘El País’ recogida por Servimedia cuando se le pregunta por las críticas desde este sector.

“Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada”, resume la ministra impulsora de una ley, conocida como ‘ley Celaá’ que ha sido muy enmendada en el trámite parlamentario.

En este sentido, señala que “en la ley se afirma la libertad de enseñanza y se define que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los privados concertados, lo que es afirmar la libertad de las familias”.

“Y mantiene los principios básicos de la concertación vigentes desde 1985” pero, “lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando”.

“Pero la concertada que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer”, destaca la ministra, que aprovecha para señalar que “la desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad” y que “ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley”.

En otra entrevista con ‘El Confidencial’, Celaá traslada que “no llegamos a comprender que el afirmar que las administraciones públicas tengan el deber de incrementar progresivamente los puestos escolares pueda sentirse como amenaza por parte de los centros concertados”.

“La ley cambia la filosofía hacia la equidad” porque, según la ministra, “la escuela tiene que recuperar su función de ascensor social” para que un niño que entra “vulnerable, no podemos consentir que salga vulnerable de ella”.

Su norma, sostiene, deroga la anterior “que era claramente elitista porque desarrollaba el talento de los más rápidos, de los que por así decirlo venían de casa con bastantes aptitudes para el estudio, y esquinaba a los que tenían más dificultades”.

Pese a la contestación parlamentaria, aprobada por 177 cuando requería una mayoría de 176, Celaá cree que “la ley sale respaldada de manera muy satisfactoria”.

“Cuando se dice que esta ley es para dar satisfacción a grupos independentistas, no es cierto, porque hay grupos independentistas que no han votado a favor. Y cuando se dice que retira la Religión de la escuela, tampoco es así, y es uno de los motivos por los que algunos grupos no la han apoyado”, resume.

El día que Partido Popular y Ciudadanos se unen a las protestas en la calle contra esta norma, Celaá defiende de que “antes de llevar” el proyecto de ley al Consejo de Ministros lo habían hablado con ambos partidos. “Y en fase de tramitación, el grupo parlamentario les ha ofrecido enmiendas transaccionales, pero no han querido entrar, se autoexcluyen del debate educativo”, concluye.

CENTROS ESPECIALES

En una entrevista en ‘El Confidencial’, Celaá defiende que ni en el PP, que impulsó la llamada ‘ley Wert’ “pudieron resistir la avalancha de protestas y quejas por los nefastos resultados y consecuencias que estaba teniendo esa ley sobre la educación en términos de reválidas, itinerarios excluyentes, programas de bajo valor educativo”, como justificación de la necesidad de una nueva norma.

Defiende que la Lomce “salió en solitario, con el único respaldo del PP y apenas se acogieron 30 enmiendas” mientras que la actual, pese a la contestación parlamentaria, “nace en su tramitación muy consensuada”.

Aunque admite que le “gustaría que el PP y lo que representa la derecha hoy hubiera sido capaz de entrar en el debate educativo, pero ha preferido mantenerse al margen para protestar contra la ley y esto es lo que me parece muy inaceptable”.

Respecto a las críticas que apuntan al cierre de centros especiales de educación, la ministra afirma que “el mandato que la ley da al Gobierno es que en el plazo de 10 años aporte los recursos necesarios a centros ordinarios para que traten a las personas con discapacidad y es increíble que pueda sentirse como una amenaza para los centros de educación especial”.

“Además, añade, la ley les otorga otra función que es la de ser centros de apoyo y referencia porque tienen acumulado un patrimonio en términos de conocimiento que ha de servir también para asesorar al resto de la red”, apunta.

“Centros ordinarios decimos, es decir, centros públicos y centros ordinarios privados y los centros de educación especial, además, podrán seguir escolarizando a alumnos con discapacidad especial”, concluye.