La petición para declarar de nuevo de Ríos llega después de que el pasado mes de octubre efectivos policiales realizaran un registro en el que le fueron incautados dispositivos móviles y un pendrive con documentación que podría ayudar a esclarecer el caso del presunto espionaje a Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, ordenado desde el Ministerio del Interior y pagado con dinero de los fondos reservados.

El objetivo de esa supuesta operación parapolicial habría sido encontrar documentación sensible para el Partido Popular en manos de Bárcenas, al que se habría intentado sustraer ese material sin contar con amparo judicial.

Citado a las 12.30 de la mañana, el exchófer llegaba con tiempo de sobra y embutido en un casco de moto para evitar que su rostro fuese captado por las cámaras, al igual que ha hecho cada vez que ha tenido que comparecer en la Audiencia Nacional.

Según la documentación que obra en el sumario, Ríos cobró 2.000 euros al mes de los fondos reservados entre el verano de 2013 y finales de 2015. En esa fecha ingresó en la Policía Nacional, a una edad avanzada para lo que suele ser habitual en el cuerpo y el penúltimo de su promoción. El fiscal sospecha que este ingreso pudo ser también una compensación por los servicios prestados y también está siendo investigado.

La Policía Nacional registró el pasado 6 de octubre la vivienda del conductor de la familia Bárcenas en una diligencia secreta dentro del 'caso Kitchen'. El registro fue llevado a cabo por agentes de Asuntos Internos que se incautaron de varios teléfonos, entre ellos dos que le proporcionaron desde el Ministerio del Interior en la época del espionaje al extesorero del PP.

Esos terminales están siendo analizados por expertos para extraer cualquier información que pueda servir para acreditar que el 'caso Kitchen' existió y que se realizó sin conocimiento ni autorización judicial. El pendrive contendría imágenes grabadas durante esos seguimientos. Estas diligencias continúan secretas.

Las revelaciones de Ríos pueden ser decisivas para esclarecer una causa en la están imputados varios miembros de la cúpula policial, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior bajo Gobierno de Mariano Rajoy, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ambos protagonizaron un tenso careo en el que mantuvieron posiciones contradictorias. Mientras el ministro negó saber nada de esa operación, Martínez insistió en que estaba al tanto de lo que se estaba haciendo.

La Fiscalía cree que los máximos responsables de la Policía Nacional en la época, con el DAO Eugenio Pino al frente, montaron una operación para rescatar información comprometedora para el PP que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder. Los teléfonos incautados a Ríos podrían desvelar el tenor de las órdenes que se le daban y quien las impartía.