Así se recoge en una declaración institucional suscrita por todos los grupos del Senado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, 3 de diciembre, con el lema 'Participación y liderazgo de las personas con discapacidad en el desarrollo de la Agenda 2030'.

La declaración explica que la conmemoración de este día busca "promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad" y "esto nos interpela como sociedad y obliga a los poderes públicos a desplegar los recursos necesarios" para asegurar una reconstrucción mejor y más justa.

También reconoce “el trabajo de las organizaciones del sector de la discapacidad, que desde el inicio de la pandemia han estado vigilantes y han puesto en marcha actuaciones para defender los derechos de estas personas y sus familias, asegurando los recursos y servicios para proteger su salud, su empleo y su educación”.

“Un tejido asociativo que sigue cooperando activamente de forma corresponsable con las administraciones públicas”, sostiene la declaración, que también apuesta por “recoger su disposición y talento” de cara a la reconstrucción de España.

Además, el texto aprobado hoy alaba “el ejemplo de humanidad y civismo” demostrado por “los profesionales y voluntarios que, en circunstancias de riesgo para la salud, han permanecido en primera línea para asegurar la salud, el bienestar y los cuidados” de las personas con discapacidad.

También subraya la importancia de las familias de las personas con discapacidad, que “están cuidando su salud, aliviando sus miedos e inquietudes y defendiendo su dignidad y derechos”.

En esta línea, el Senado admite que la Covid-19 ha llevado al límite el respeto de "principios como la igualdad, la equidad y la no discriminación". “Por eso, "en un momento de emergencia social y económica, los derechos humanos deben servir de vacuna y erigirse como escudo para proteger a las personas con discapacidad ante el impacto de la crisis".

Por todo ello, la Cámara Alta reitera su "compromiso unánime" con los derechos de estas personas y sus familias, y resalta “el potencial transformador de la Convención de Naciones Unidas como" instrumento legal. "Debe ser un imperativo legal para el Estado".