A su juicio, "este retraso injustificado" no favorece la promoción pública de las actividades altruistas y solidarias y resta apoyos a las entidades sociales que las fomentan.

"Trascurridos más de cinco años desde la promulgación de la ley, el Ejecutivo ha incumplido el mandato del legislador", prosiguió, y la adopción del reglamento general de ejecución "sigue pendiente y sin una fecha cierta de aprobación".

Por ello, el Cermi reclamó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "la inmediata aprobación de este texto reglamentario, sin más dilaciones ni demoras y en diálogo y consenso con el sector representativo del voluntariado".

Sin desarrollo, "la ley pierde gran parte de su virtualidad y eficacia", denunció.