La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, compareció en rueda de prensa para anunciar esta decisión y centró toda la culpa de la virulencia de las llamas en la respuesta del Ejecutivo, aunque se abrió a convocar también la Comisión General de las Comunidades Autónomas, sin avanzar ninguna fecha.

La acción más inmediata, por tanto, será forzar a los ministros a salir de “su retiro vacacional” porque los afectados quieren “respuestas”. “Y qué mejor que darlas en el Senado”, apostilló García. Las comparecencias tendrán lugar en sus respectivas comisiones y deberán efectuarse en los 10 días siguientes a su registro. Es decir, antes del 30 de agosto, una vez que el PP ha habilitado la última semana del mes para que haya actividad parlamentaria.

La primera petición de comparecencia del PP reclama a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que explique ante la Cámara Alta la asistencia técnica que su cartera ha brindado a las comunidades autónomas “antes y durante la crisis”, qué actuaciones tiene previsto adoptar para restaurar los ecosistemas dañados y “prevenir la desertificación y el abandono del territorio”, y qué refuerzo presupuestario, técnico y normativo tiene planificado para “adaptar” las políticas medioambientales a emergencias de este tipo.

Ayer, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya abogó por “flexibilizar” la legislación medioambiental por considerar que era “muy rígida”.

Por otro lado, los populares quieren que Aagesen detalle “la toma de decisiones para evitar el abandono de las áreas rurales y pequeños municipios que ha provocado el desequilibrio no solo demográfico, sino en la cohesión territorial”; “la cuantificación actualizada del daño medioambiental”; y “las políticas de prevención impulsadas por el Ministerio y su efectividad en las zonas de alto riesgo”.

El PP responsabiliza al Gobierno de la falta de prevención basándose en un informe del Tribunal de Cuentas que alerta de que España tiene deficiencias en la inversión de esta partida. Sin embargo, el mismo texto apunta a algunos gobiernos autonómicos por utilizar un sistema para la evaluación del riesgo que consideran obsoleto pese a que la normativa ha cambiado.

MARLASKA Y ROBLES

Si se cumplen los deseos del PP, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá para detallar “los tiempos de respuesta” y “recursos empleados” en el despliegue y participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros medios de las Fuerzas Armadas, y la evaluación sobre si los medios puestos a disposición han sido adecuados y suficientes a la magnitud del desafío.

Durante los últimos días, Génova ha centrado su oposición en cargar contra la lentitud del Gobierno a la hora de mandar los efectivos requeridos por cada comunidad. Y Alicia García insistió esta mañana en acusar a Sánchez de “escatimar” con la ayuda, de ser “un insensible” por llegar “tarde, mal y arrastras” a las zonas afectadas y no atender a los vecinos sin su seguridad personal y, en definitiva, de no estar “a la altura del nivel de emergencia”.

La portavoz parlamentaria, sin embargo, eludió pronunciarse sobre la gestión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien dijo que el operativo era “suficiente” dos días antes de finalmente pedir el despliegue de la UME, y cuyo Gobierno pidió perdón por no utilizar recursos estatales en Bembibre y Cistierna.

De hecho, se lanzó a por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber aprobado en cinco años un catálogo con los recursos disponibles de las autonomías para extinguir incendios, y dirigirse a las comunidades cinco días después de la ola de incendios a través de la Dirección General de Protección Civil para saber qué recursos tenían disponibles para luchar contra las llamas.

Por ello, el PP quiere que explique ante el Senado si ha existido una “coordinación real y efectiva” con las comunidades autónomas y entidades locales en las zonas más afectadas, especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura; que detalle el despliegue actualizado de medios humanos y materiales —Protección Civil, medios terrestres y aéreos, y otros dispositivos—, “detallando tiempos de respuesta y distribución territorial”; y que explique las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en materia de prevención y “por qué no han resultado eficaces para contener la propagación de los incendios”.