Explicó que, para garantizar la accesibilidad total, “no solo estamos trabajando en el aspecto arquitectónico para que una persona con discapacidad se sienta en igualdad de condiciones que las personas sin ella”.

“También hemos hecho un convenio con Plena inclusión en el que vamos a contar con facilitadores, que son personas profesionales que van a asistir a las personas con discapacidad que tengan vinculación con la justicia (testigos, denunciantes, o denunciados) para que puedan suplir esas limitaciones tanto sensoriales, físicas e intelectivas”.

Indicó que es una “servicio a demanda” por parte de una persona con discapacidad, que lo solicita, y la Consejería de Justicia “busca una persona para que le ayude”. “Nuestra obligación es garantizar que todas las personas pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, para eso hay que eliminar todos los obstáculos”, destacó.

Dijo que los facilitadores serán “personas formadas específicamente en esta materia que van ayudar a quien lo necesite en los órganos judiciales”.

Estas personas asistirán en la traducción a lenguaje de lectura fácil tanto para los textos escritos como para comunicaciones orales en aquellas actuaciones que se lleven a cabo en los órganos judiciales, fiscales o en sede policial.

El objetivo de este proyecto piloto es conseguir que las personas con alguna discapacidad intelectual o del desarrollo vean facilitado su paso por la Administración de Justicia, bien sea a través del acceso a traducciones a lenguaje de lectura fácil de textos escritos, como la plena comprensión de comunicaciones orales en aquellas actuaciones que se lleven a cabo en los órganos judiciales, fiscales o en sede policial.

López señaló que, además, “estamos haciendo un gran esfuerzo para eliminar cualquier tipo de barrera arquitectónica para cualquier persona con discapacidad física, para que pueda acceder con facilidad a los juzgados”. Y también “atendemos la discapacidad sensorial e intelectual, con medidas específicas”, indicó.