En términos porcentuales, las conformidades han aumentado un 16 por ciento respecto en los dos últimos años. Ahora bien, ese incremento asciende hasta el 30 por ciento si se toma en consideración el porcentaje de conformidades en relación con el número de sentencias condenatorias: 67,6 por ciento en 2020 frente al 36,9 por ciento en 2019.

Esta práctica surge a raíz de una instrucción dictada el pasado mes de mayo por la Fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que instaba a los fiscales a “potenciar las conformidades con las demás partes intervinientes en la que pedía una especial actividad proactiva, a fin de evitar la concurrencia a juicio de los ciudadanos durante el periodo de mayor incidencia del Covid-19”.

A su vez, la medida era una respuesta al paquete de “30 medidas urgentes para agilizar la Justicia en el proceso de desescalada”, presentada el pasado 20 de abril de 2020 por la Fiscalía General del Estado, la primera de las cuales era la “potenciación del protocolo de actuación para las conformidades en juicio”.

Fruto de estas conformidades, solo en delitos fiscales, se han recuperado 3.741.337 euros para las arcas públicas. Además, la utilización de esta figura de forma anticipada, ha supuesto, sólo en la Audiencia Provincial, el ahorro de, al menos, 125 señalamientos de juicio, lo que en un año como 2020, equivale a que un número muy significativo de ciudadanos –víctimas, testigos, peritos o abogados- hayan podido evitar el desplazamiento a sede judicial.

La política de conformidad supondrá también a corto y medio plazo la posibilidad de adelantar otros procedimientos, ya que de esta forma se reduce la tasa de pendencia judicial de Madrid, pues las medidas de impulso acordadas tienen vocación de estabilidad y proyectan extenderse en los próximos años.

Junto con los robos o delitos contra la seguridad vial objeto de conformidad en los Juzgados de lo Penal, otros procedimientos de envergadura –en número de acusados, testigos o sesiones de juicio programadas- se han resuelto por esta vía desde la puesta en marcha a lo largo de 2020, toda vez que la Instrucción de la fiscal jefe provincial incidía en que ningún delito quedaba fuera de esta figura. Incluso se han conformado 12 procedimientos del Tribunal del Jurado, por delitos tan variopintos como el homicidio, el allanamiento de morada, el cohecho o la tenencia de armas prohibidas.

Entre los supuestos que mayor impacto han tenido para víctimas y testigos, se encuentra el caso de un homicidio intentado, en el que el Ministerio Fiscal acusaba a dos familiares de apuñalar, con intención de matarlo, al cliente de un bar, en el que, como parte del acuerdo, se satisfizo íntegramente la responsabilidad civil por las lesiones que le causaron a la víctima, que se cuantificó en 15.000 euros.

También el caso de 9 acusados por un delito de tráfico de drogas, a los que se impuso una pena superior a 4 años de prisión y quedaron privados de libertad tras sentencia, o el de una pelea entre dos grupos de 4 y 5 personas, todos ellos acusados, para cuyo enjuiciamiento la sala había programado 3 días de duración.

Especialmente relevantes, desde esta perspectiva, resultaron los supuestos de estafas masivas, como el de 45 compradores de coches de segunda mano con información falsa sobre su estado general, pues gracias a los acuerdos de conformidad se consiguió resarcir a los perjudicados.

Así ocurrió, también, en el caso de 55 personas que firmaron contratos con una organización integrada por 7 sujetos que se hicieron pasar por agentes inmobiliarios que ofertaban a ciudadanos de escasa capacidad económica la posibilidad de disfrutar de 14 noches al año en hoteles de lujo durante toda la vida para, posteriormente, con la documentación que les facilitaban las personas estafadas, obtener de diferentes entidades bancarias suculentas cantidades económicas que solicitaban a préstamo. El total del dinero recuperado y devuelto a las víctimas ascendió a 1.265.400 euros.

La conformidad es el instituto procesal que permite, dentro de los márgenes que fija la ley, en el caso de que los acusados reconozcan los hechos, alcanzar un acuerdo en cuanto a las consecuencias jurídicas del delito.

Este mecanismo, que puede activarse en cualquier momento antes del inicio de las sesiones del juicio oral, comporta importantes beneficios para el servicio de la Administración de la Justicia -supone, entre otros aspectos, un ahorro de tiempo y costes-, para los ciudadanos (testigos, peritos…), que, en el caso de las conformidades anticipadas, no tendrán que comparecer al acto del juicio oral, y para las víctimas, puesto que los acuerdos tienen como una de sus premisas el abono anticipado de las correspondientes indemnizaciones.

Aun cuando la posición de la víctima no es vinculante para alcanzar estos acuerdos, los Fiscales toman en cuenta su parecer, especialmente en los delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual o la integridad moral.

Por ello, desde el año 2009, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía impulsan su aplicación, y por ello también, en un año marcado por las restricciones de movilidad que impuso el estado de alarma para abordar el Covid-19 y la posterior desescalada, la conformidad ha sido una herramienta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia, especialmente en Madrid, cuya Fiscal Jefe provincial mantuvo una reunión de coordinación con los responsables del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, fruto de la cual surgió la Instrucción 1/2020, que dio pautas prácticas a los Fiscales para el mayor aprovechamiento de esta herramienta y que, aunque tiene voluntad de permanencia, ha tenido un singular impacto en el año 2020.