Así lo detalló este miércoles el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tras cerrarse anoche la primera ventana abierta por el Tesoro para rodar estas innovaciones. El organismo proyecta lanzar la nueva convocatoria en junio, cumpliendo así con su objetivo de realizar dos procesos de selección anuales.

Entre las solicitudes recibidas, el ministerio indicó que buena parte se basan en biometría e identidad digital, tecnología de registros distribuidos (blockchain), computación en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data.

Muchos de los proyectos buscarán facilitar el cumplimiento normativo mediante la creación de herramientas que proporcionan a las entidades capacidad para la automatización de procesos que antes debían realizar manualmente, mejorar la regulación a través de la introducción de soluciones novedosas que facilitan una valoración de riesgos financieros más precisa o aportar beneficios para los usuarios de servicios financieros poniendo a su disposición nuevos servicios financieros o permitiéndoles realizar transacciones de modo más eficiente.

Una vez recibidas las propuestas ahora se abre un proceso donde tendrá que ser visados por el Banco de España, la dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en función del tipo de negocio o actividad que persigan desarrollar.

La ley les da un mes, prorrogable en otro más, para emitir una valoración positiva o desfavorable. Según avanzó el ministerio, la Comisión de Coordinación del 'sandbox' se reunirá este viernes y estudiará precisamente la posibilidad de ampliar el plazo de remisión de informes preliminares por los supervisores de uno a dos meses.

Cuando completen los procesos con los supervisores, el Tesoro publicará en su sede electrónica el listado de proyectos que hayan recibido una evaluación previa favorable y emitirá resolución motivada en aquellos casos en que la evaluación no sea positiva.

A partir de ahí los promotores contarán con otros tres meses para suscribir un protocolo con el supervisor competente para dar comienzo efectivo a las pruebas.

En dicho protocolo se especificarán las normas y condiciones en las que pondrán a prueba su innovación, incluyendo las debidas medidas de protección para el usuario en función del riesgo que implique, ya que no tendrá los corsés regulatorios habituales. Esta singularidad obliga al promotor a recabar el consentimiento informado de los participantes.

Una vez disponga de todos los visados, los dueños del proyecto podrán empezar a rodar la innovación o desistir de su desarrollo cuando lo juzguen oportuno. La idea es que si se prueba el éxito de su invención en el futuro se puedan lanzar de manera colectiva y a públicos generales.

De hecho, en esta ‘caja de pruebas’ se testará los productos y servicios de índole financiera que se presenten y a la propia regulación, ya que permitirá comprobar si para su desarrollo se necesita flexibilizar alguna norma y si su acomodación no altera la protección del consumidor ni la estabilidad financiera.