En dicha reunión, su director general, Enrique Galván, aprovechó para reclamar medidas concretas que solucionen la discriminación y estigmatización que sufre el colectivo.

“Como máximo responsable de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, pedimos al ministro que arbitre los mecanismos precisos para detectar cuanto antes que una persona detenida tiene discapacidad intelectual”, declaró.

A su juicio, “los datos son muy preocupantes": solo a un 8,9% de estos reclusos se les tiene en cuenta la discapacidad en comisaría, cifra que alcanza el 51% en prisión. Además, hasta el 69% de estas personas con discapacidad intelectual no reciben ningún apoyo durante el proceso judicial, agregó Galván.

Otro dato preocupante tiene que ver con el hecho de que el porcentaje de reincidencia entre este colectivo es del 54,5%, muy superior a la media del resto de la población reclusa.

En el estudio presentado hoy al ministro, Plena inclusión aporta 50 propuestas de mejora para un sistema judicial, policial y penitenciario que “estigmatiza y discrimina a cientos de personas presas con discapacidad intelectual”.

Entre estas propuestas, destacan la garantía de los apoyos necesarios y de los ajustes razonables durante todo el procedimiento; la participación de “facilitadores” para que estas personas entiendan todo lo que les está sucediendo, y la promoción de sanciones y penas cuyo cumplimiento se pueda llevar a cabo en la comunidad, antes que en la cárcel.

De hecho, el 94,3% de las penas privativas de libertad que cumplen las personas con discapacidad intelectual tienen lugar en centros penitenciarios, y solo en un 3,4% de los casos se optó por recursos de suspensión o sustitución de pena.