Así lo expusieron en el diálogo 'Asistencia Personal por Derecho' organizado en la agencia de noticias Servimedia, en el que participaron el presidente y la secretaria de la Mujer de Predif, Francisco Sardón y Mayte Gallego, respectivamente; el presidente de Cermi , Luis Cayo Pérez; y el director de Innovación y Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández.

En su intervención, Pérez subrayó que “la asistencia personal representa apenas el 0,5% de las prestaciones concedidas desde la aprobación de la Ley de la Dependencia en diciembre de 2006”. “Esto es nada para lo que podía ser “, y destacó que hay “comunidades autónomas con 0 prestaciones (de este tipo) reconocidas”.

Por eso, manifestó su deseo de que el plan de Choque en Dependencia anunciado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales “finalmente regule esta figura”, tal y como prometieron, porque “ya es hora” de que lo hagan. El derecho está recogido en la ley de 2006, pero aún no ha sido desarrollado.

Para Pérez, se trata de “una tardanza incomprensible que se repite sea quien sea el que gobierne” y que representa “una total incoherencia, ya que la asistencia personal es la prestación más inclusiva de todas las que contempla el catálogo recogido en la ley, pues permite que el usuario decida su propio proyecto vital”.

Por su parte, Francisco Sardón afirmó que “en el momento actual se ha logrado una gran madurez” en cuanto a “cómo se debe regular (esta prestación ) en el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), gracias a todo el trabajo que realizamos dentro del grupo de Asistencia Personal del Cermi".

“Ya nos pusimos de acuerdo sobre quiénes deben tener acceso, los perfiles profesionales, la formación exigida, los derechos laborales y personales de los trabajadores, los sistemas de contratación, etc" y estos resultados se trasladaron al Gobierno. De ahí “la importancia del momento” para su regulación final.

Sardón subrayó también que “para que funcione con eficiencia y alcance los resultados deseados, la asistencia personal debe estar bien dotada”. Sin embargo, “las diferentes administraciones públicas han preferido financiar y promover modelos de institucionalización ya caducos”, como las residencias y centros de día. A cambio, renunciaron a financiar “modelos más innovadores, que además permitirían un ahorro a las arcas públicas”.

OBSTÁCULOS

Para Luis Cayo Pérez, este retraso se debe en parte a “una falta de voluntad política”, pero también a “un sistema de servicios sociales que no es nada innovador, que no ha evolucionado desde los años 80 y que no entiende que es la persona usuaria quien debe decidir su proyecto de vida”.

Mayte Gallego apuntó a su vez la “falta de conocimiento“ de esta prestación entre muchos trabajadores sociales y entre los propios beneficiarios del sistema. “Es que a muchos ni se lo plantean a la hora de determinar su plan de apoyos”, criticó.

Gallego, que es usuaria de esta prestación, destacó también el mayor riesgo que vivir en una residencia ha supuesto para las personas mayores y con discapacidad durante la pandemia. A su juicio, “disponer de un asistente personal permitirá que muchas personas sigan en sus casas y estén mucho menos expuestas”.

Señaló que la Ley de Dependencia se desarrolló “mucho más como una cartera de servicios muy encorsetada en lo que había anteriormente y muy dirigida a personas mayores”, idea en la que coincidió Jesús Hernández, de Fundación ONCE.

Hernández apuntó que otro problema es que se ha hecho mucho más hincapié en la dependencia que en “la promoción de la autonomía personal”, pese a ser la primera parte del título de la norma.

Además, esta ley nació “con una evidente falta de dotación de recursos, por lo que fue más efectista que efectiva”, y reclamó la participación del sector de la discapacidad y de las personas mayores en la gestión de la futura prestación.

“Ahora mismo hay una demanda no cubierta, pero (el servicio) se debe ofrecer teniendo en cuenta las necesidades y características de los usuarios, que no siempre coinciden con las de la administración”.

El presidente de Cermi subrayó que el Plan de Choque en dependencia “de momento solo se ha negociado con los agentes sociales (sindicatos y patronales), sin consultar ni a las personas mayores ni a las personas con discapacidad”. Por ello, reclamó la participación de este sector en el desarrollo de dicho programa y en su gestión y puesta en marcha.