“Es una gran noticia para la agenda de la discapacidad que encauza así una reclamación histórica”, declaró a Servimedia. Impulsado por el Cermi, el proyecto de ley del Gobierno pretende acabar con la incapacitación jurídica de las personas y sustituirla por un sistema de apoyos individualizados para que estas puedan tomar sus propias decisiones de forma autónoma.

Se trata de una demanda histórica del movimiento de la discapacidad para adaptar la legislación española (el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la del Notariado, la legislación procesal…) al artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la igualdad y no discriminación en cuanto a la capacidad jurídica para este colectivo.

Por ello, el movimiento social “recibe con mucha satisfacción el anuncio de que la próxima semana quede aprobada en el Congreso la gran reforma de nuestro Derecho civil para equiparar a las personas con discapacidad que necesitan apoyos” al resto de la población, declaró Luis Cayo Pérez.

"Damos un paso más para pasar de un sistema que restringía, incapacitaba y tutelaba a la persona, a un sistema que presta ayuda para que la persona que necesita apoyos sea quien en última instancia decida”, añadió.

Pérez, que se felicitó por el amplio consenso que previsiblemente obtendrá la iniciativa en el Congreso, subrayó que esta reforma “no ha sido nada sencilla” y “ha requerido mucho trabajo, creatividad y capacidad de hacer propuestas”.

Agradeció toda la labor realizada a los distintos responsables de la Comisión General de Codificación y del Ministerio de Justicia durante estos años, así como a todos los representantes parlamentarios.

Con este nuevo trámite, “las personas con discapacidad seremos un poquito más iguales y estaremos más cerca de actuar por nosotras mismas, sin que nadie hable en nuestro nombre”, concluyó.