El sector social de la discapacidad, representado por el Cermi, respalda esta movilización cívica, ya que, según explicó esta entidad, “más de un millón de personas con discapacidad residen en un entorno rural y sufren condiciones de vida más precarias que les fuerzan de modo insistente e insidioso a plantearse abandonar la España anterior, y trasladarse a áreas urbanas en busca de un mayor nivel de recursos y apoyos”.

Según el Cermi, la "revuelta contra la España vaciada" interpela a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto para lograr mejores políticas y legislaciones que favorezcan el arraigo de la población en el territorio de origen, “sin verse obligadas” a plantearse el abandono de las zonas rurales.

Para esta organización de la discapacidad, la despoblación del medio rural y la soledad no deseada son dos de los fenómenos sociales “más preocupantes” a los que se enfrenta España, en los que las personas con discapacidad sufren “un impacto desmedido, acusando de forma más intensa en sus condiciones de vida estos efectos indeseables”.