En el marco de sus propuestas, explica que, aunque la normativa educativa establece que el alumnado con necesidades educativas especiales contará con las adaptaciones y apoyos necesarios en las distintas etapas educativas, incluida la formación profesional (FP), “la realidad es que esto solo se cumple con ciertas garantías de la enseñanza obligatoria, pero no suele ser así en la enseñanza postobligatoria”.

Para el Cermi, “se hace indispensable” que la normativa que rija el sistema de formación profesional “incorpore los mandatos de la Convención de la ONU”, y demanda que el derecho a la educación inclusiva impregne todo el articulado de la nueva Ley de Formación Profesional, al tiempo que dicho derecho guíe la organización del currículum.

Por una parte, el Cermi plantea que “es necesario garantizar una oferta pública de ciclos formativos adecuada y suficiente”, incluyendo su cobertura en zonas rurales; la homogeneización en todas las Comunidades Autónomas de la FP Dual; un currículo de ciclos formativos que garanticen competencias vinculadas a la inclusión; y prever y promover la colaboración de las entidades del Tercer Sector tanto en el proceso formativo como en las prácticas profesionales.

Por otra, el Cermi propone que la norma debe garantizar la orientación educativa, vocacional y profesional, para las personas con necesidades educativas especiales; al tiempo que reclama que se tengan en cuenta todas las adaptaciones, medidas organizativas, alternativas metodológicas y recursos de apoyo que necesite este alumnado, y un porcentaje no inferior al 7% de las plazas reservadas.

Asimismo, entre otras cuestiones planteadas, señala que la nueva Ley deberá incorporar la atención a la diversidad reflejada en la garantía de la accesibilidad universal y el diseño universal de aprendizaje tanto en el proceso formativo como en la evaluación y prácticas profesionales. También en lo referido a las lenguas extranjeras con medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación; en una reducción de la ratio de estudiantes/aula con alumnado con necesidades educativas especiales; en la toma de conciencia, sensibilización y formación de toda la comunidad educativa; y en la participación activa tanto de este alumnado como del profesorado con discapacidad.

Por último, el Cermi considera que la atención a la diversidad debe incluirse entre los indicadores educativos comunes “puesto que la atención a la diversidad es, sin duda, no sólo un principio de calidad, sino uno de los indicadores más evidentes para evaluar la calidad del Sistema Educativo y de la enseñanza”. “Por no abundar acerca de lo que refleja en relación con el nivel de desarrollo y de madurez de un país y una sociedad”, agrega.