En un comunicado, el organismo de la UE denunció “las mayores dificultades" de estos colectivos para mantener la distancia social y otras medidas de seguridad, así como las peores consecuencias para su salud general si llegan a contagiarse.

Sin embargo, ”en la mayoría de países no existen criterios claros” en este terreno, más allá de los que se refieren a las personas con discapacidad que viven en residencias u otras instituciones y a las que arrastran enfermedades crónicas graves o han sido transplantadas.

“La inmensa mayoría no saben si recibirán la vacuna cuando lo hagan el resto de personas de su misma edad, antes o después", destacó el CESE. Ello se suma a la escasez de vacunas en toda la UE, prosiguió, lo que “aumenta la incertidumbre”.

DIFERENCIAS REGIONALES

Según el CESE, existen “grandes diferencias entre países” a la hora de priorizar el acceso a la inmunización contra el coronavirus, y también “dentro del mismo país, entre regiones”. Tal es el caso de España, Francia e Italia.

En España, solo las personas con discapacidad que viven en residencias o que tienen un alto grado de dependencia fueron incluidas en los primeros grupos que recibieron la vacuna. Tras ellos, la Estrategia Nacional de Vacunación considera también prioritario inmunizar a aquellas personas cuya enfermedad les hace más vulnerables a una infección por coronavirus.

No obstante, explican, estos subgrupos están a la espera de saber si su enfermedad concreta es considerada “prioritaria” o no y cuándo podrán recibir la vacuna. Las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial sin otros problemas de salud asociados no han sido incluidas en ninguna clasificación prioritaria, “pese a que es evidente que encuentran muchas más barreras a la hora de protegerse frente a la pandemia".

Para el consejero del CESE, Miguel Ángel Cabra de Luna, “toda esta incertidumbre resulta inaceptable”. "Entendemos perfectamente que la edad sea un factor de riesgo a tener en cuenta", declaró, pero "otras situaciones que aumentan la vulnerabilidad de las personas deben considerarse también”. La comisión Europea lo propuso ya en octubre, e instó a escuchar las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad de toda la UE que así lo reclaman.