La sentencia contempla el derecho de esta docente a contar con un intérprete de lengua de signos durante su práctica profesional y a disponer de las adaptaciones que precise para desempeñar su trabajo en igualdad de condiciones que el resto del profesorado.

Una accesibilidad que, en opinión de la CNSE, “dista mucho de ser una realidad” pese a estar reconocida en la Constitución española, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y en distintas normas específicas como el Estatuto de Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, manifiesta que las personas sordas nos enfrentamos a “serias desventajas” para acceder y progresar en el mercado laboral y que los prejuicios, la falta de accesibilidad en la formación para el empleo y en la formación continua; la escasa promoción interna de las y los trabajadores sordos, y las barreras de comunicación de nuestro entorno, “nos impiden demostrar de lo que somos capaces”.

De esta manera Díaz recuerda que la CNSE y su red asociativa llevan años reclamando la incorporación en los centros de trabajo de intérpretes de lengua de signos y de las ayudas técnicas que se precisen, así como el acceso de los trabajadores sordos al servicio de videointerpretación SVIsual en el desempeño de su labor.

En este sentido, confía en que sentencias como esta sirvan de ejemplo para evitar posibles situaciones de discriminación. “Las personas sordas no podemos depender de voluntades individuales”, apunta Díaz. “Es responsabilidad de la empresa, sea esta pública o privada, adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias personales y físicas de cada trabajadora o trabajador”, reclama.