Así se expresó en la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género, cuya presidenta, María Jesús Álvarez, recordó que en lo que va de año siete mujeres han sido asesinadas y son ya 1.085 desde al año 2003. Por esto Álvarez pidió un minuto de silencio para todas las víctimas de la violencia machista.

Destacó Valencia la necesidad de contar con protocolos que garanticen la protección de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia de género, teniendo en cuenta los factores de riesgo y exclusión que pueden acompañar a la situación de violencia, como la discapacidad, procedencia, raza, nivel económico, edad, diversidad afectivo-sexual, zona geográfica, etc.

Incidió en la importancia de que estos protocolos “sirvan para la detección y prevención de situaciones de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, faciliten mecanismos de denuncia accesibles y ofrezcan una respuesta coordinada de los servicios sociales, sanitarios y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

“Estoy aquí, representando a muchas mujeres con discapacidad cuyas circunstancias siguen sin ser tenidas en cuenta y por ello se encuentran en una situación de mayor riesgo de vivir situaciones de violencia, violencia no solo ejercida por parte de sus parejas, sino también por las figuras cuidadoras y que se manifiestan en otras formas de violencia como la omisión de cuidados o la violencia institucional”, remarcó la portavoz de Cocemfe.

“Las mujeres con discapacidad viven en una situación de mayor discriminación: por el hecho de ser mujeres y multiplicada por tener discapacidad”, ha argumentado Valencia, quien ha detallado que “la prevalencia de la violencia de género es siempre mayor en mujeres con discapacidad que en mujeres sin discapacidad”. “Según el último estudio sobre Mujer, Discapacidad y Violencia publicado en 2020, el 71% de las participantes de la encuesta afirmó haber vivido violencia de género en algún momento de su vida”, remarcó.

Además, Valencia hizo hincapié en que “nuestros derechos se encuentran amenazados por la pandemia de la Covid-19”, teniendo en cuenta que “el 38% de las mujeres con discapacidad han identificado la vulneración de sus derechos por razón de discapacidad y el 45% de las mujeres han afirmado no poder acceder a algún tratamiento y/o terapia desde que comenzó la pandemia”. “La interrupción de la atención presencial en los servicios públicos, a lo que hay que sumar la brecha digital, evidenciaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad a la hora de recibir los apoyos necesarios y en el acceso a recursos”, aseguró la secretaria de Organización de Cocemfe.

DISCAPACIDAD

Valencia también abogó por incluir la variable de discapacidad en la divulgación de los datos recogidos en materia de violencia en aquellos casos que sigue sin tenerse en cuenta, como en los boletines periódicos estadísticos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. “Seguimos sin saber cuántas mujeres con discapacidad son asesinadas por esta razón, por lo que queda invisibilizada la consecuencia del tipo de violencia más grave ejercida sobre ellas”.

Dotar de recursos para la formación y especialización de los equipos profesionales que atienden los casos de violencia, promover un uso inclusivo y no discriminatorio del lenguaje para evitar una doble victimización, reforzar los servicios públicos de atención psicológica y facilitar el acceso a todos los recursos a aquellas mujeres y niñas con discapacidad que viven entornos rurales son, entre otras, algunas de las medidas propuestas por Valencia durante su intervención en la Cámara Alta.