Así lo sostiene el Ejecutivo en sendas respuestas parlamentarias a los grupos Popular y de Esquerra Republicana, que denunciaron la situación.

Hace más de dos años, Carmen Lafuente aprobó el examen oficial para acceder a una plaza de bióloga Interna residente (BIR) en el SNS. Lo intentó en el hospital de Basurto (Bilbao) y después en el Ramón y Cajal de Madrid, y en ninguno de ellos obtuvo los apoyos y ajustes necesarios para iniciar su formación especializada. Al transcurrir el plazo máximo permitido sin tomar posesión, el Ministerio de Sanidad comunicó a Carmen la pérdida de su plaza.

Según el Ejecutivo, "el Ministerio de Sanidad ha cumplido en todo momento la normativa vigente y ha colaborado con las unidades docentes (la de la plaza adjudicada y una segunda a petición de la aspirante), con el fin de conseguir las adaptaciones que le permitan la realización de la formación especializada".

Sin embargo, subraya que la legislación en este terreno establece la necesidad de que la plaza adjudicada y la adaptación de los itinerarios formativos sean compatibles.

El Real Decreto por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y las órdenes de convocatoria anuales establecen que debe existir compatibilidad con el desempeño de la plaza adjudicada y asignación de itinerarios formativos, sostiene en la respuesta al Grupo Popular.

Por esto mismo, contesta a ERC que ningún hospital del Sistema Nacional de Salud ha incumplido la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque asegura que seguirá trabajando por la inclusión social del colectivo.