Ésta es una recomendación formulada el pasado septiembre por el Defensor del Pueblo y que esta institución recoge en su último informe anual, registrado este jueves de forma telemática en el Parlamento.

Esta propuesta parte de una ciudadana que se la hizo llegar a la institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán.

Esta institución, que se define “sensible” a las demandas de las personas con discapacidad, consideró “muy interesante” esa propuesta y la planteó en su momento al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a la Dirección General de Tráfico (DGT), que, según indica el informe del Defensor del Pueblo de 2019, “no mostraron especial entusiasmo con la idea”.

La DGT informó al Defensor del Pueblo de que carecía de competencias en la materia y que la creación del pretendido registro nacional debía acometerse desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del Consejo Nacional de la Discapacidad.

El pasado mes de septiembre, el Defensor del Pueblo dirigió a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una recomendación para que procediera a iniciar los estudios necesarios con el fin de crear un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Ese registro permitiría en todo momento a las administraciones públicas con competencias en materia de tráfico disponer de información actualizada sobre la tenencia y vigencia de las citadas tarjetas por parte de las personas beneficiadas.

“No se ha recibido contestación por parte de la citada Secretaría de Estado, a pesar de haber requerido la remisión de la contestación”, apunta el Defensor del Pueblo.