La ministra portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma de este artículo de la Constitución supone un avance para la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, explicó en Twitter que la reforma “va más allá de una modificación terminológica” y señaló que se trata de "una demanda histórica de la sociedad civil".

Belarra indicó que “permitirá hacer realidad un cambio de enfoque fundamental en la forma de abordar la discapacidad en nuestro país”” y expuso que el anteproyecto de ley “modifica por completo el articulado para dejar atrás un enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos y, concretamente, en los derechos de las personas con discapacidad”.

Así, se “reconoce que estas personas son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo”. La nueva redacción establece también que “los poderes públicos garantizarán su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección” y que deben atender, además, la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de discriminación interseccional.

Además, el nuevo artículo recogerá que todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. A juicio de Belarra, “esta es la primera reforma social de la Constitución que pretende ampliar y reforzar la protección de derechos”,