En una carta dirigida a varios ministros, ambas entidades denunciaron que el texto pretende “protocolarizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarias”, lo que supone “un ataque directo a la dignidad de las personas con problemas de salud mental”.

“Confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona y no promueve la creación de recursos alternativos que respeten la voluntad de la persona”, indicaron.

Por ello, ambas entidades reclamaron al Gobierno de España oponerse a dicho protocolo, que calificaron de “contario a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Para el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, el texto “responde a un modelo absolutamente biologicista en salud mental”. “No podemos permitir una legitimación de prácticas coercitivas vinculadas a los internamientos involuntarios, como la medicación forzosa, la contención física y química o el aislamiento”, subrayó, que “pueden llegar a constituir tortura”. “Las medidas de control y coerción no son, ni serán nunca, medidas terapéuticas, ni se pueden confundir con tratamiento”, agregó.

Por su parte, el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, advirtió de que “el intento del Consejo de Europa choca frontalmente con un enfoque y una práctica de derechos humanos, la única admisible para aplicar a las personas con problemas de salud mental”.