Ese día, el pleno de la Cámara Baja se limitará a ratificar las enmiendas introducidas en el proyecto de ley por el Senado, que respaldó la iniciativa con el apoyo de todos los partidos salvo Vox y ERC, que se abstuvieron.

En una entrevista este martes con Servimedia, Martín Blanco destacó que esta reforma, que elimina la incapacitación judicial para dichas personas y las figuras de la tutela y la patria potestad prorrogada, acaba “con un sistema que provocaba muerte civil por razón de discapacidad”.

En su opinión, la legislación actual “anulaba a la persona ante la Ley y la dejaba sin voz y sin voto”. “Esto tiene implicaciones profundas individuales y sociales en el abordaje de la discapacidad”, afirmó, pues si a estos ciudadanos “se les niega o se les limita su participación en la Ley, se les está cercenando también su condición humana, su estatus de persona”.

Explicó que “pasamos de un sistema, como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, hacia otro basado en el respeto a su voluntad y preferencias”.

A su juicio, “este marco legal impulsará que las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, a través de información adaptada y facilitando recursos para su comprensión”. “La discapacidad no define ni agota a la persona y no puede, por tanto, ser un estado civil”, resaltó.

Martín Blanco puso esta Ley como ejemplo de “buena práctica legislativa", pues Gobierno, legislador y sociedad civil "han realizado un trabajo de cooperación orientada a hacer de la vida jurídica, que no deja de formar parte de la vida en comunidad, una palanca de apoyo fundamental para las personas con discapacidad”.

DEBERES HECHOS

Martín Blanco destacó que España da así cumplimiento a una de las recomendaciones que “el Comité de Seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos hizo en su último examen”, y se mostró convencido de que “tenemos un gran potencial como país para decirle al mundo que los derechos de las personas están en el centro de la acción del Gobierno“. “Al nuevo examen iremos con muchos deberes ya solucionados”, recalcó.

Según apuntó, el comité de la ONU “nos dijo que acabásemos con las esterilizaciones forzosas, y lo hemos hecho”. “Nos dijo que acomodásemos nuestra legislación civil y procesal al artículo 12 de la Convención para que no hubiera muertes civiles y las personas con discapacidad pudiésemos participar y tener voz en el tráfico jurídico, y lo estamos haciendo”.

“Hemos hecho también una reforma sin igual de la Constitución”, prosiguió, que va “mucho más allá de la terminología”. Para empezar, suprime “la palabra ‘disminuidos’, que no solo está superada en el tiempo, sino que es percibida y sentida por las personas con discapacidad y sus familias como ofensiva e hiriente”, subrayó. En su lugar, consagra la expresión ‘personas con discapacidad’, como corresponde según los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por España.

Con todo, la nueva redacción del artículo 49 propone un texto “renovado por entero”. “Dice que las personas con discapacidad somos titulares de derechos; recoge el mandato de protección reforzada y, sobre todo, pone rostro y voz a las mujeres y niñas con discapacidad”, concluyó.