Este proyecto de real decreto establece la regulación reglamentaria del marco de incentivos para la contratación laboral de personas con capacidad intelectual límite, con el fin de favorecer su acceso al empleo.

En su configuración ha participado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que planteó la necesidad de esta esta regulación y que explica que estos incentivos se establecen para las personas con capacidad intelectual límite que, pese a su necesidad de apoyos, no alcanzan el reconocimiento del 33% de grado de discapacidad, quedando así excluidas de las medidas genéricas de promoción del empleo ordinario destinadas a este grupo social.

El real decreto constituye el desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que emplazaba al Gobierno a regular unas medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%.

Según explican desde el Gobierno, en esta norma, propuesta por los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, se definirá la capacidad límite la establecida en un grado de discapacidad entre el 20 y el 33% y se incentivará la contratación a tiempo indefinido, con mecanismos de apoyo al empleo como preparadores, sistemas de seguimiento y la posible ampliación a 4 años de los contratos formativos.