Impulsado por los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales, el real decreto, que entrará en vigor el próximo martes, 1 de junio, responde al mandato contenido en la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fija los valores por los que se considerarán destinatarios finales de este programa de empleo: las personas con discapacidad intelectual de más de un 20 por ciento y de menos del 33 por ciento, y las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.

Sus empleadores podrán acceder a una subvención de hasta 2.000 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo, que deberán dedicar a la adaptación de los puestos de trabajo y a “la eliminación de barreras y de obstáculos” que puedan dificultar la inserción laboral de estas personas.

Además, los contratos para la formación y el aprendizaje podrán ampliarse hasta un plazo máximo que no podrá exceder de cuatro años, si el trabajador no hubiese alcanzado el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar el puesto. Según Montero, se trata de una iniciativa que ayudará paulatinamente a la integración laboral de estas personas.

El Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha impulsado y participado en esta norma, ya que ha insistido en la necesidad de regular incentivos para aquellas personas con discapacidad intelectual que no alcanzaban el límite del 33% y que, por ello, quedaban excluidas de las medidas genéricas de promoción del empleo.