Así lo aseguró en un comunicado este viernes en el que recordó que los conocidos como productos fitosanitarios son sustancias que se utilizan para prevenir y combatir las plagas de los cultivos. Los más utilizados son insecticidas, fungicidas y herbicidas.

“Algunos de ellos han resultado ser perjudiciales para la salud humana, para otros animales como las abejas, o para el medioambiente y por eso su uso ha sido prohibido o no autorizado en la UE”, recalcó el Defensor.

Sin embargo, la institución se hace eco de que tanto la legislación europea como la nacional posibilitan autorizaciones excepcionales en situaciones de “emergencia fitosanitaria” que requieran controlar un peligro que no pueda gestionarse por otros medios razonables. “Estos permisos especiales tienen que estar científicamente justificados y se tienen que destinar a usos concretos durante un máximo de 120 días”, apuntó la oficina de Fernández Marugán.

Según el comunicado, en España se han autorizado en los últimos años de manera excepcional sustancias como la Clotianidina, el Diclorvos, el Extracto de Camelia, el Propanil o el Tidiazuron. En este contexto, una asociación ecologista acudió al Defensor del Pueblo a principios de año alegando que este tipo de concesiones excepcionales se estarían realizando en nuestro país de “manera rutinaria”, sin los debidos controles y sin los estudios científicos y técnicos necesarios.

Tras admitir a trámite la queja, la institución pidió al Ministerio que acreditara el cumplimiento de la normativa vigente en la autorización excepcional de la comercialización en 2020 y 2021 de estas cinco sustancias activas no autorizadas y el número de permisos otorgados.

Además, el Defensor también preguntó por las comunidades autónomas que habían solicitado la autorización, por los trámites concretos del procedimiento y quiso saber también si se había cumplido con el deber de difundir activamente la información ambiental sobre las autorizaciones excepcionales concedidas sobre dichas sustancias.

IRREGULARIDAD

Tras analizar la información recibida, el Defensor del Pueblo considera que “existe una irregularidad en la emisión repetida durante años de las autorizaciones excepcionales de uso de productos fitosanitarios prohibidos o no autorizados y que por tanto es necesario que exista un mayor control respecto del uso de los productos autorizados excepcionalmente”.

A juicio de la Institución, “el procedimiento administrativo que se sigue a la hora de otorgar las autorizaciones excepcionales no es transparente y las resoluciones no están suficientemente motivadas en la justificación de la excepcionalidad, lo que le lleva a pensar que no existe una situación de emergencia o un riesgo imprevisible que justifiquen dichas autorizaciones”.