Durante la presentación del estudio 'Ibex 35 y discapacidad’ de la Fundación Bequal, responsable de certificar la calidad en la inclusión de este colectivo, la directora general del Trabajo Autónomo, la Economía Social y Responsabilidad Social de las empresas del Gobierno de España, Maravillas Espín, subrayó el “compromiso de las grandes empresas españolas con la diversidad de sus plantillas”.

“Sin querer caer en el patriotismo, y aunque es verdad que partíamos de una gran invisibilidad, este informe demuestra que España va por delante en inclusión”, destacó la representante del Ejecutivo español.

El director de Relaciones Laborales, PRL y Sostenibilidad de Acciona, Juan Manuel Cruz, destacó cómo “los estándares de calidad” que esta certificación exige “ayudaron” en su empresa "a mejorar, ser rigurosos y a avanzar” en este terreno.

Acciona colabora desde hace 14 años con Fundación ONCE e Inserta Empleo en la contratación de personas con discapacidad, que en la actualidad suponen el 3,97% de su plantilla. Su objetivo es alcanzar el 5% para 2025, según indicó Cruz.

En su opinión, las políticas de discapacidad y la integración de este colectivo son “una auténtica marca España” y “un ejemplo de buena práctica a nivel mundial”. “El compromiso, la calidad y el cómo actuamos en España en materia de integración de personas con discapacidad es un éxito mundial”, y resaltó la importancia de organizaciones como ONCE y Cermi en estos avances.

Gracias a su apoyo, “podemos exportar nuestras prácticas a otros países”, donde Cruz confesó que “a veces” resulta “difícil encontrar contrapartes del sector social” para replicar el modelo.

Por su parte, el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, subrayó que “en cuanto a intenciones, creatividad y líneas de vanguardia, España está en esa posición privilegiada”.

Reconoció que “partíamos de muy atrás respecto a otros países europeos”, pero hemos logrado avanzar “muy rápido”, no solo en contratación e inserción laboral, sino en reconocimiento de derechos.

En esta línea, se refirió a la reciente publicación en el BOE de la reforma de la legislación civil y procesal para acabar con las incapacitaciones judiciales de adultos con discapacidad, que calificó de “hito histórico”.

”Sin caer en patrioterismos, hay que reconocer que entre las políticas públicas, las empresas y una sociedad civil activa que hace de tracción, se están dando muy buenos resultados”, concluyó.