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Derechos Sociales anuncia 100 millones para “reparar y ensanchar ” los derechos de las personas con discapacidad

- Dentro del Plan ‘España País Accesible’

MADRID

El director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, afirmó este martes que el Plan ‘España País Accesible’ dispone de 100 millones de euros -además de los ya repartidos a las comunidades autónomas- que se destinarán a cumplir la legislación sobre discapacidad y a “reparar y ensanchar los derechos” de estas personas, que se vieron muy afectados durante la pandemia.

En la presentación del informe sobre el impacto de la Covid-19 en las personas con discapacidad impulsado por su Dirección General, Martín Blanco destacó que “gran parte de los fondos europeos se emplearán en reparar las quiebras” que la pandemia ha dejado en los derechos de este colectivo.

En su opinión, este informe “ha evidenciado la necesidad perentoria de transitar desde el sistema actual, basado en residencias, hacia un modelo de vida en comunidad”. Por eso, “estamos trabajando en la estrategia española de desinstitucionalización”, agregó, que “irá acompañada de una importante carga presupuestaria, para pasar de las palabras a los hechos”.

“Sin accesibilidad, no hay derechos”, sentenció, y reiteró su intención de invertir en la promoción de una accesibilidad universal, limitada no solo al transporte o a la edificación, sino también a la información, los contenidos y el ámbito cognitivo en general.

Señaló que esto formará parte de la Estrategia Nacional de Discapacidad en la que su departamento trabaja, donde también ocupará un papel destacado la salud mental, "otra urgencia revelada por la pandemia”.

Durante su intervención, Martín Blanco apuntó que, dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se pondrá en marcha el programa ‘España País Accesible’, con más de 100 millones de euros “orientados a transformar de raíz nuestro paisaje “para que sea practicable a todas las personas sin excepciones”.

Estos fondos “se destinarán a cumplir la Ley, a reparar y a ensanchar derechos”, prosiguió, “en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la justicia, la salud o la cultura”.

PROPUESTAS DE MEJORA

La investigación, realizada a partir de 4.351 encuestas a personas con discapacidad, familiares, profesionales de la administración y responsables del Tercer Sector, combina encuestas generales con un análisis más pormenorizado de la opinión de los expertos mediante el método Delphy para la búsqueda de posibles soluciones.

Todos coinciden en que la falta de recursos humanos fue el principal problema de la crisis, sumada a la necesidad de una atención más individualizada y a la poca accesibilidad a la información y a los servicios por parte de estas personas.

Así sucedió por ejemplo en el ámbito de los servicios sociales, la educación y la salud, donde personas con discapacidad y expertos piden más medios humanos, la modernización de las infraestructuras y materiales y contenidos accesibles. También exigen políticas públicas para fomentar el empleo ordinario y con apoyo, destinar más fondos a los Centros Especiales de Empleo y, por supuesto, garantizar las condiciones de seguridad.

Finalmente, el trabajo destaca la necesidad de “personalizar los apoyos”, tanto en el mundo laboral como en el educativo, sanitario y asistencial, y defiende evolucionar desde el actual modelo de institucionalización (en residencias) hacia un sistema donde estas personas puedan vivir en comunidad.

En la presentación también intervinieron la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa Fernández; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez; y la directora del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, Elena Ortega.

Pérez subrayó como “esta pandemia ha puesto en entredicho los derechos de las personas con discapacidad”, entre ellos, el derecho a la salud. Estas personas “han fallecido en mayor proporción que lo que corresponde a su peso social”, prosiguió, y “parece que en ello tuvo mucho que ver el modelo residencial”. De ahí la importancia de promover un sistema basado en la vida en comunidad e independiente de las personas con discapacidad, con los apoyos que necesiten, afirmó.

Tras la presentación del estudio, se celebró una mesa-coloquio en la que participaron Javier Martínez, un joven con parálisis cerebral de Aspace; Daniel de Vicente, un trabajador con una enfermedad rara; y Ana Belén Ruiz, madre de un niño con discapacidad auditiva. Los tres detallaron sus experiencias a lo largo de la pandemia y los obstáculos encontrados, y exigieron que las políticas públicas tengan en cuenta sus necesidades y características específicas.

(SERVIMEDIA)
22 Jun 2021
AGQ/clc/

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