Sus manifestaciones han tenido lugar durante su intervención en el seminario “La Economía de la Pandemia', organizado en la UIMP por la APIE y BBVA, después de que Roldán reprendiese a la CNMC en el mismo foro por “el daño reputacional”, de carácter “irrecuperable”, que tiene “la pena del telediario” que supone verse sujeto a un expediente del organismo.

Roldán pidió, de hecho, a la CNMC reflexionar sobre si deben notificarse su apertura en alusión al expediente abierto por el organismo contra el Santander, el Sabadell, CaixaBank y Bankia, por, supuestamente, haber supeditado la financiación otorgada con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a otros productos o servicios. “Le estás haciendo un daño al administrado que no vas a poder resarcir pase lo que pase”, advirtió Roldán.

“Pues no, en materia de competencia, desgraciadamente no estoy de acuerdo”, replicó Caní, al ser cuestionada sobre si compartían esa necesidad de revisar la publicación de las aperturas de expedientes, argumentando que “el ‘disclaimer” viene, creemos, a proteger adecuadamente”, ya que “no prejuzga el resultado de investigación”.

Caní defendió que dicha publicación de la incoación, “salvaguardando que es una incoación para instruir, tiene una serie de efectos que son beneficiosos para el orden público y que no podemos ignorar”, ya que “permite otro tipo de comportamientos que también estan amparados por el ordenamiento jurídico” como son “las solicitudes de clemencia” en las empresas que se acojan a ellas y “venga a colaborar con la administración”. Según dijo, es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en investigaciones de algunos cárteles de precios.

“La CNMC no incoa un expediente sancionador si no tienen una base suficiente como para investigar las conductas”, explicó, ante la queja de la banca de que se ha puesto en marcha el proceso con apenas 27-30 eventos denunciados. “Yo no sé realmente cuántos son porque todavía no se ha elevado al Consejo”, apuntó Caní, subrayando que, en cualquier caso, conoce que “había más denuncias porque lo estuvimos siguiendo con el buzón Covid”.

Al respecto explicó que en la investigación se incluyen “aquellas en las que hay indicios lo suficientemente sólidos como para ser investigados”, poniendo en valor que haya 27 denuncias en un banco que vincula un producto a un crédito que lleva la garantía del Estado ya que “el que denuncia se está enfrentando al banco del que depende su financiación”. “Es decir, que la gente que se atreve a hacer una denuncia a este tipo, pues es una minoría”, remarcó.

Solo con esa treintena de ser así y, si el expediente llega a constatar que dichas situaciones tuvieron lugar, refirió que ya se estaría “en una situación que incumple el artículo 3 de la necesaria defensa de la competencia”, porque no se investiga una colusión sino “actos de competencia desleal que afectan al interés general” y “contrarios a la buena fe” que podrían tener un efecto continuado aún ya que el producto al que se ha vinculado aún se estaría pagando.

“Cuando la dirección de Competencia incoa expedientes es porque tiene inicio suficientes, sino no incoa y lo que propone es un archivo”, insistió, indicando que ahora se abre un plazo de 18 meses “máximo” hasta tomar una decisión por parte ya del Consejo de la CNMC. En defensa de que el investigado está protegido agregó que, además de la advertencia incluida en el aviso a apertura del proceso, la CNMC también publicita cuando se cierra o archiva el expediente, aunque luego los medios no le den la misma difusión.