El caso se remonta al año 2009, cuando el agente de la Guardia Urbana de Barcelona Vicenç Flores sufrió un accidente profesional por el cual le fue reconocida la incapacidad laboral permanente total. Flores solicitó entonces pasar a segunda actividad, pero el Ayuntamiento rechazó esta petición por no ser compatible con la incapacidad reconocida.

Ahora, el TSJC ratifica la sentencia estimatoria del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Barcelona, que ya resolvió que el Ayuntamiento vulneró el derecho a la igualdad en el acceso al trabajo. Además, el consistorio deberá indemnizar a Flores con 6.251 euros.

La sentencia, contra la que cabe recurso en el Tribunal Supremo, llega después de que Flores elevara su petición al Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que declaró la vulneración del derecho a la igualdad en su dictamen.

Según el Cermi, esta sentencia supone un reconocimiento “importante” de los derechos de las personas con discapacidad y, además, sentará un precedente en lo que respecta al cumplimiento de los dictámenes de los comités de Derechos Humanos en España, aunque no sean vinculantes.