Destacó que este cambio legislativo, que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre, ha supuesto “un gran avance hacia la plena tutela judicial efectiva de las personas sordas”. Una demanda histórica del movimiento asociativo de la CNSE que “favorece la participación en condiciones de igualdad de las personas sordas al quedar garantizada la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno”.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo en los juzgados. Para ello, la norma menciona expresamente la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente (lengua de signos española y lengua de signos catalana), así como a la participación de profesionales mediadores que actúen como facilitadores realizando las tareas de adaptación y ajuste necesarias para tal fin.

Tal es el caso de profesionales sordos mediadores y ‘adecosores’ (agentes de desarrollo de la comunidad sorda) que han trabajado en este ámbito en repetidas ocasiones durante procesos judiciales en los que han participado ciudadanos y ciudadanas sordas.

“La justicia ha de ser igual para todos y todas, y como tal, debe garantizar el respeto a nuestros derechos lingüísticos”, ha manifestado la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. “Estas medidas resultan clave para avanzar en la seguridad y en la plena tutela judicial efectiva de las personas sordas”.