En un comunicado, el sindicato señaló que “para ello, debemos superar el modelo asistencial por un nuevo ámbito de protección social basado en sistema de derechos sociales” y que “es imprescindible extender derechos universales a las personas; con garantía de equidad, eficiencia y suficiencia en el acceso a las prestaciones y servicios”.

En este sentido, la organización liderada por Pepe Álvarez pidió “un nuevo marco que vaya más allá del concepto asistencialista para pasar a hablar de derechos, derechos universales para toda la ciudadanía con especial incidencia de aquellas personas que más los necesitan, las personas más vulnerables de la sociedad”.

Asimismo, UGT señaló que “la experiencia vivida durante la pandemia ha alertado del riesgo evidente que puede suponer un deficiente funcionamiento del sistema de servicios sociales a la hora de dar cobertura a las necesidades más básicas de la población”.

Además, apuntó que “si a lo largo de los últimos años, hemos asistido a un proceso de empobrecimiento de la población, el impacto de la Covid-19 en España podría dejar a más de 790.000 personas en situación de pobreza severa, hasta alcanzar más de 5,1 millones de personas”.

Por ello, el sindicato advirtió que “la falta de desarrollo y universalización de las políticas sociales ha levantado un sesgo importante en la ciudadanía, siendo precisamente las personas más vulnerables las que han recibido el mayor varapalo”. “Si esta crisis ha puesto algo de manifiesto, ha sido precisamente la debilidad de nuestro sistema de servicios sociales”, añadió.

Así, reclama un nuevo modelo de bienestar social universal y suficiente; integrador e inclusivo; garante de unas prestaciones mínimas suficientes para las personas que no tienen recursos suficientes; y moderno y avanzado.

Para ello, UGT considera imprescindible “reivindicar una Ley Marco de Servicios Sociales, en la que, respetando la competencia autonómica, se establezcan los principios para garantizar una protección social universal, de derechos subjetivos, y de calidad de los servicios sociales”.

También exige “empleo de calidad para los profesionales del sector y un sistema de servicios sociales sólido y de responsabilidad pública”; así como “apostar por la gestión pública de los servicios sociales como una prioridad, siendo la iniciativa privada subsidiaria y complementaria”; y “el desarrollo de una coordinación más estrecha entre políticas activas de empleo y políticas de integración social”, entre otras cuestiones.