Así lo puso de manifiesto la entidad en una reunión mantenida entre el delegado en Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del Cermi, Gregorio Saravia Méndez, junto con el fiscal de sala delegado para los Delitos de Odio y Contra la Discriminación, Fernando Rodríguez Rey.

De esta manera, el Cermi manifestó su preocupación por el “aumento exponencial” de las denuncias que recogen ataques a la dignidad y la integridad moral de las personas con discapacidad de acuerdo con las cifras estadísticas que recoge la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.

La Fiscalía General del Estado es una institución clave tanto para la investigación preprocesal y procesal penal con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hecho, desde el año 2013 se ha puesto en marcha una red de Fiscales especializados en delitos contra el odio, con la designación de un Fiscal en cada provincia que coordina la actuación en su jurisdicción de los asuntos relacionados con este fenómeno delictivo.

En este sentido, el Cermi tiene entre sus prioridades colaborar activamente con diversas instancias de los poderes públicos para dar una respuesta eficaz al incremento de estos delitos en la sociedad española y acompañar a quienes sufren el odio irracional y la discriminación por prejuicios respecto de la discapacidad.

Tras el encuentro, la entidad aseguró que la figura del fiscal de sala delegado para los Delitos de Odio y Contra la Discriminación es un “ejemplo de buena práctica que contribuye de manera notable a incrementar la lucha contra la intolerancia”.

De la misma manera, resaltó que resultan de “vital importancia” las fluidas relaciones establecidas entre Fiscalía y el movimiento social de la discapacidad representado en el Cermi.