Así lo desvela un análisis de Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC) publicado este martes y según el cual un usuario con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales pagará un recibo de 67,20 euros, frente a los 133,06 euros de hace un año, tal y como precisó la asociación en un comunicado.

Tras puntualizar que, si se compara con el recibo del pasado diciembre, cuando se quedó en 89,82 euros, la bajada mensual fue del 25,2%, la organización advirtió de que, para encontrar un enero con una factura más baja “hay que remontarse a 2010, cuando se situó en 61,78 euros”. En paralelo, explicó que es “la primera vez” que el recibo del usuario medio “se pone por debajo de los 70 euros desde febrero de 2021”.

Con respecto a las nuevas medidas planteadas por el Gobierno en este ámbito, la entidad mostró su “satisfacción” ante la propuesta del Ejecutivo a Bruselas de sacar la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta marginalista y recordó que es una de las reivindicaciones que ya trasladó a Teresa Ribera en 2021 y que “inicialmente no fue aceptada por la vicepresidenta”.

“Las grandes empresas del sector eléctrico obtienen beneficios desproporcionados con precios inflados gracias a un sistema de fijación injusto y favorecedor de prácticas especulatorias”, sentenció la organización, que volvió a instar al Gobierno a que “exija” a la Comisión Europea “el punto y final a la subasta marginalista”.

MEDIDAS ESENCIALES

En paralelo, juzgó “esencial” que una medida “tan importante” para “proteger” a los consumidores “más vulnerables” como el bono social “tenga la debida difusión”, dado que, a su entender, “la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan” porque “desconocen su existencia y características” o porque “creen que no tienen derecho a recibirlo”.

Además, reivindicó “cambios regulatorios y campañas institucionales” para ayudar a los usuarios a que “entiendan los conceptos incluidos en la factura”, al estimar que “no es fácil comparar las distintas ofertas existentes en el mercado cuando la factura es difícil de comprender”.

Por último, demandó “medidas” para “fomentar” la “optimización” de la potencia contratada en las viviendas y reiteró que los consumidores domésticos “pagan a las eléctricas muchos cientos de millones de euros de más cada año” por el “exceso” de kilovatios que figuran en sus contratos.