Así lo trasladó el presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, en una carta destinada al secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, con el objetivo de promover la empleabilidad de las personas con discapacidad y mejorar su protección social.

Precisamente, la recuperación de la posibilidad de que las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% sean perceptores de la renta activa de inserción, es una de las grandes demandas del sector social de la discapacidad, tras su derogación en 2012.

Según destacó el Cermi en el escrito, esta renta está dirigida a las “personas desempleadas con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral”. Así, se establece un programa por el que se concede una renta activa de inserción a los desempleados que suscriben el compromiso de actividad en virtud del cual manifiestan su plena disponibilidad para buscar activamente empleo, para trabajar y para participar en las acciones ofrecidas por los servicios públicos de empleo y dirigidas a favorecer su inserción laboral.

Sin embargo, tras la modificación en 2012 de la regulación de algunos aspectos relacionados con la misma, se añadía como requisito, a parte de la búsqueda activa y la participación en acciones formativas, el haber extinguido una prestación por desempleo de nivel contributivo y/o subsidio de nivel asistencial que no exoneraba a las personas con discapacidad de este último, pero sí a emigrantes retornados o a víctimas de violencia de género.

Para la plataforma de la discapacidad, esto supone “una diferenciación perjudicial para las personas con discapacidad ya que se enfrentan a dificultades evidentes de inclusión laboral previa y por ello, a la imposibilidad de generar prestaciones contributivas o asistenciales”.

Por ello, el presidente del Cermi pidió que “revierta la regresión legal de 2012 y que se retorne al esquema normativo previo para que se considere a las personas con discapacidad en los mismos términos que a los emigrantes retornados y a las víctimas de violencia de género”.