García Diego realizó estas afirmaciones ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde expuso las principales demandas del sector de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social.

“Sabemos que tenemos que cambiar para adaptarnos a la nueva economía digital y verde y a los nuevos nichos de mercado”, admitió, pero “nos resulta muy complicado”.

Señaló que “tenemos que reconvertirnos y somos los primeros conscientes de ello pero resulta muy difícil acceder a estas ayudas”. De ahí la necesidad de una partida específica para las empresas de economía social en los paquetes de fondos para la recuperación, explicó.

Por otro lado, García Diego reclamó que ninguna empresa que incumpla la reserva del 2% de empleo para personas con discapacidad pueda acceder a incentivos o ayudas por parte de las administraciones públicas. “La legislación en este sentido se incumple sin consecuencias”, y se preguntó si “las personas con discapacidad somos ciudadanos de segunda”.

NUEVA LEGISLACIÓN

En esta línea, reclamó la aprobación de una nueva ley para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad que supere el marco actual, "heredero de la Lismi”, ya que indicó “no recoge la nueva demografía de la discapacidad”.

Defendió que es preciso abordar “esta nueva demografía" que incluye fenómenos como el envejecimiento y la discapacidad sobrevenida, además de discapacidades emergentes como el TEA o las de tipo psicosocial.

En su opinión, la normativa para la inclusión social y laboral de este colectivo “ha ido incorporando parches”, pero aún no está adaptada a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y “es preciso dar este paso”. “España ha adaptado su ordenamiento jurídico a la convención en todos los ámbitos salvo en el laboral”, declaró.

EMPLEO PROTEGIDO

García Diego recordó que “Feacem aplauió como patronal la subida del salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, aunque pidió “ayudas mayores” para mantener todo el empleo protegido.

“Existe una importante brecha de salario entre los trabajadores con y sin discapacidad”, subrayó, por lo que “nosotros estamos a favor de que el sueldo de nuestros trabajadores se acerque lo más posible al de la población general”, añadió.

Dijo que “hay personas con discapacidad que trabajan y que son pobres”, por lo que “hemos de esforzarnos para superar esta brecha salarial”, insistió.

También apostó por trabajar para acabar con las brechas de empleo y actividad, que son de 40 y 45 puntos inferiores para las personas con discapacidad, afirmó. Sin embargo, agregó que “necesitamos mayores ayudas para mantener un equilibrio social y económico”, pues “de nada sirve que aumentemos los sueldos si luego tenemos que cerrar”.

Finalmente, García Diego reclamó que las personas con una incapacitación laboral que no tienen reconocida la discapacidad puedan trabajar en los Eentros Especiales de Empleo de iniciativa social, como sucedía hasta que el Tribunal Supremo falló en contra.

“Para empezar, nosotros queremos que se les reconozca a todos la discapacidad, porque la tienen”, y agregó que este colectivo es uno de los que presentan menores tasas de actividad, situación que “ha empeorado tras las sentencias del Supremo”.

Dio las gracias también a todos los trabajadores de los CEE que acudieron a su puesto durante el confinamiento, como los de las lavanderías, y reivindicó la “capacidad de resiliencia del sector”. “Hicimos mascarillas, batas y lo que hacía falta”, declaró.

En otro orden de cosas, pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad y dotar de un enfoque social a este apartado.