"Exhortamos a las diferentes fuerzas políticas con representación en el Parlamento para que defiendan a las personas con discapacidad como tradicionalmente se ha hecho siempre. Un apoyo que pretendemos que sea unánime y con independencia de colores e ideologías”, apuntó Aspaym en un comunicado.

La Constitución española ya cumplió con la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su visibilidad en 1978 al reservarles el artículo 49 para su expresa defensa. Sin embargo, las sensibilidades han cambiado y las maneras de expresarse entonces, pese a ser bienintencionadas, no resultan justificables en 2021, según Aspaym.

El artículo 49 de la Constitución señala que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

“Ese texto en general, y la palabra ‘disminuidos’ en particular, no son admisibles hoy en día”, recalcó Aspaym. Como indica el Cermi, no están alineados “con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”.

Actualmente hay en marcha una propuesta de reforma que sustituye ese término por el más apropiado ‘personas con discapacidad’. Esa propuesta de reforma llegó a las Cortes Generales en primavera y fue aprobada por el Consejo de Ministros en mayo. En ella desaparece el término ‘disminuido’ y en su lugar se utiliza ‘personas con discapacidad’.

Otra reforma de peso es una mayor protección hacia mujeres y niñas con discapacidad. Con todo, espera ser debatida y tramitada en los próximos meses, en el caso de que logre sumar las mayorías necesarias, según Aspaym.

HOJAS DE RUTA

Por otro lado, Aspaym recalcó que las diferentes “hojas de ruta” de las formaciones políticas están en consonancia con la diversidad de la sociedad española, pero indicó que “toda democracia robusta debe levantarse sobre unos pilares mínimos de consenso”, lo que “implica unas bases de común acuerdo para que la igualdad y la libertad de cada persona sigan siendo reales y efectivas”.

“De entre todas aquellas bases, la defensa y la protección de los derechos de las personas con discapacidad no pueden quedar al margen”, apostilló.

Además, Aspaym recordó el trabajo que históricamente se ha dado en los distintos avances y reconocimientos de las personas con discapacidad por parte de “gobiernos de uno y otro signo”, por lo que apeló a “esa coherencia política con el fin de lograr un consenso necesario para los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que actualmente hay en España”.

Por ello, instó a los partidos con representación parlamentaria a que lleguen a un acuerdo para la reforma del artículo 49 de la Constitución. “El texto seguirá reconociendo la necesidad de protección de un colectivo vulnerable, y prohibirá cualquier discriminación a las personas con discapacidad. Pero además eliminará el ya obsoleto término ‘disminuido físico, sensorial y psíquico’. Esta expresión se encuentra, a todas luces, fuera de lugar en una sociedad tan consciente de cómo el lenguaje condiciona el pensamiento y las maneras de proceder en las personas”, subrayó.

Hasta la fecha, la Constitución Española sólo ha admitido dos reformas desde su aprobación en 1978: en 1992 se abrió el derecho de voto de las personas extranjeras a las elecciones municipales y en 2011 se blindó la estabilidad presupuestaria con la reforma del artículo 135.