En concreto, el texto recoge que la instalación de estos puntos de recarga se realizará de modo proporcional al número de plazas existentes en la infraestructura, con el objetivo de garantizar la consecución del objetivo de disponer de 100.000 puntos de recarga para 2023.

Con carácter general, el Ejecutivo hará obligatoria la instalación de una estación de recarga por cada 40 plazas en edificios no residenciales privados, así como en aparcamientos, hasta llegar a un máximo de 1.000 plazas.

En el caso de la Administración General del Estado, la exigencia será mayor, ya que deberán instalar un punto de recarga por cada 20 plazas, con un máximo de 500.

En paralelo, el real decreto-ley incluye medidas de fomento de la movilidad eléctrica, entre las que destacan ayudas fiscales para nuevas infraestructuras de recarga. Así, los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales afectos a actividad económica y hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

En paralelo, el Ejecutivo eximirá a la instalación de los puntos de recarga de la obtención previa de las licencias de obras, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental o similares, por lo que bastará con una simple declaración responsable del titular.

Por otro lado, el Gobierno facilitará la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, con vistas a su instalación masiva en las estaciones de servicio.

Por último, el decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones técnico-económicas de la instalación de puntos.

AUTOCONSUMO

Asimismo, el Gobierno aprobó la hoja de ruta para impulsar el autoconsumo en el seno del Consejo de Ministros, con el objetivo de llegar a un mínimo de 9.000 megavatios (MW) de potencia de autoconsumo instalada en 2030 y “acercarlo a todos los consumidores”.

El documento aprobado este martes recoge 37 medidas de sensibilización, formación a profesionales o divulgación, con el fin de mejorar el conocimiento y la aceptación del autoconsumo por parte de toda la población, “ya que esta se ha identificado como una de las principales barreras para su implantación en España”.

Asimismo, contempla medidas de impulso al autoconsumo colectivo, por ejemplo, en comunidades de vecinos, y cambios normativos para mejorar la agilidad en la tramitación de instalaciones.

La Hoja de Ruta también contempla medidas destinadas a mejorar la competitividad industrial, entre las que se encuentran la reducción de los costes energéticos, el desarrollo de la cadena de valor ya existente y el fomento de la búsqueda de nuevos negocios.

Por último, el Gobierno contempla la creación de una Mesa Nacional de Autoconsumo con las comunidades autónomas y el establecimiento de un grupo de trabajo con las entidades locales, con el fin de mejorar la coordinación entre las administraciones.