En concreto, exigieron al departamento de Derechos Sociales un aumento de los módulos y las tarifas de concertación del sector, para que la Administración incremente los recursos que aporta a estos servicios, con el triple objetivo de ofrecer una atención de calidad a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, asegurar la viabilidad económica de las entidades y ofrecer unas condiciones laborales dignas a los trabajadores.

Según las tres entidades, el sector arrastra problemas graves de financiación tras una década de tarifas congeladas –nunca se revirtieron los recortes de 2010--, que se ha visto además agravada por los sobrecostes asociados a la pandemia. “La situación actual es muy preocupante”, y urge un nuevo acuerdo de financiación, reclamaron.