Por este motivo, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales animan a las entidades del sector y a las personas interesadas a participar en la consulta y a aportar sus opiniones e ideas al respecto.

Este nuevo real decreto pretende regular el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el establecimiento de los baremos aplicables y la determinación de los órganos competentes.

Su objetivo es que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado, a fin de garantizar la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación.

En concreto, se pretende actualizar los baremos establecidos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, mediante la incorporación de seis anexos adaptados a la nueva definición sobre la discapacidad que manejan la OMS y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El objetivo de la reforma es adaptar el sistema de valoración español al nuevo enfoque y terminología propuestos por la OMS, con sus cinco niveles. También se busca un abordaje social y no médicorehabilitador, con un discurso de derechos humanos; establecer unos criterios técnicos comunes a todo el Estado; poner en marcha una nueva aplicación informática para agilizar y estandarizar todo el proceso, y hacer posible una recogida de datos comparables que permitan profundizar en el estudio de la discapacidad y sus implicaciones sociales.

Durante el plazo de consulta, asociaciones, personas afectadas y ciudadanos interesados pueden aportar sus opiniones y valoraciones respecto al cumplimiento de los objetivos previstos por el futuro real decreto y ofrecer soluciones alternativas.