Según indicó en rueda de prensa el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, tras cinco años de aplicación de esta ley, el resultado ha sido “muy insatisfactorio” por sus resultados en lo que respecta a la precariedad en su implementación, los retrasos en el pago de las cuantías, los “flagrantes incumplimientos”, los recortes a los que se ha visto sometida desde 2010 y, sobre todo, la “desigualdad y agravios” en su aplicación por cuestión del territorio.

Esta revisión, desde su punto de vista, se tiene que hacer con consenso político y social, tal y como se hizo en su aprobación, y exigió que si se aprueba por real decreto-ley, se tramite como proyecto de ley, para que con tiempo “todos las personas usuarias podamos ser escuchadas”. “La ley tiene que basarse en un Pacto de Estado”, puntualizó.

En este sentido, criticó que en estos años de implantación no se haya consultado apenas a los destinatarios y reclamó que se cuente con los usuarios de la ley, porque “si no, se podría llegar a producir una fractura social difícil de recuperar”.

En esta línea, el Cermi expresó su rechazo sobre los aspectos negativos de la reforma y puso como ejemplo la rebaja de un 15% en la paga a los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, contemplada en la reforma.

Entre las reivindicaciones del colectivo, subrayó la ampliación del catálogo de prestaciones, tendente a aumentar la autonomía personal de los destinatarios de la ley, hacer mayor hincapié en la prevención de la dependencia y la posibilidad de que esta ley entre en el sistema de Seguridad Social para evitar la desigualdad entre territorios.

Además, manifestó que “no es admisible” que se centre sólo en el ahorro y recordó que desde el movimiento asociativo se ha conseguido que los recortes “no sean tan agudos” como se preveía en un principio y que se le dé “una respiración asistida a la Ley”.

Por su parte, el presidente de la UDP, Luis Martín Pindado, y el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, coincidieron en destacar la difícil situación económica y en no admitir estos retrocesos que afectan a las personas más vulnerables. También compartieron la necesidad de consultar a los propios usuarios para una reforma, con el fin de que la ley salga fortalecida.