Según informó el CCU, en su carta al fiscal general hacen constar “los argumentos en contra de la entrada en vigor de determinadas tasas judiciales”.

Esta organización de consumidores considera que Torres-Dulce debe conocer de primera mano los “problemas específicos” que las tasas van a causas a los ciudadanos.

El CCU recuerda al fiscal general “que esta norma extiende el pago de las tasas a las personas físicas, que por razones económicas se verán en muchos supuestos imposibilitadas para acceder a la justicia, puesto que sus costes, en algunos casos muy elevados, obstaculizarán el ejercicio de este derecho fundamental”.

Además, esta organización de consumidores considera “que los gastos que estas tasas generan para acudir a los tribunales suponen una desigualdad de los ciudadanos ante la Ley y la quiebra del Estado de derecho”.

A juicio del CCU, “los costes de los procesos disuadirán en muchos casos a los usuarios de presentar demandas, con lo que solo se beneficiarán a las empresas que no cumplan sus obligaciones con los consumidores”.

Además, este colectivo añadió que “no hay que olvidar que la nueva ley perjudica gravemente al Sistema Arbitral de Consumo, porque habrá que pagar para la ejecución judicial de los laudos arbitrales”.