Esos datos fueron dados a conocer este martes durante la jornada ‘Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable’, organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos), y celebrada en Madrid.

El parque hidráulico español cuenta con 375 presas estatales, de las cuales 112 (un 30%) precisan de refuerzos estructurales urgentes, el 75% requieren estudios complementarios de seguridad, el 65% necesitan renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, el 50% deben rehabilitar los desagües de fondo y el 75% no cuentan con planes de emergencia.

Estos datos, procedentes de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, confirman el “deterioro progresivo” de unas infraestructuras esenciales para la gestión del agua y la protección frente a fenómenos extremos, según la Asociación Caminos.

“ASUNTO DE ESTADO”

La presidenta del Instituto de la Ingeniería, María Cruz Díaz, y José Trigueros, presidente de la Asociación Caminos, coincidieron en que la gestión de la seguridad de las presas es “un asunto de Estado, no una competencia sectorial”.

“La gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico especializado”, añadió Trigueros.

La presa de Forata (Valencia), que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), estuvo “al borde del colapso” durante la dana de octubre de 2024, según los ingenieros. Un fallo estructural habría liberado una avenida de hasta 20.000 metros cúbicos por segundo, lo que afectaría a más de 110.000 habitantes en municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí.

Actualmente, Forata no cuenta con plan de emergencia implantado y carece de sirenas, señalización de evacuación y protocolos activos.

“El caso de Forata simboliza la vulnerabilidad del sistema”, comentó Jesús Contreras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Caminos, quien añadió: “El problema no es solo técnico, es institucional. No existe un organismo independiente con autoridad y recursos para garantizar la seguridad de las presas públicas. En España seguimos dependiendo de estructuras administrativas que son juez y parte”.

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Otras presas con deficiencias significativas, según Contreras, son la del Tejo (Segovia), que afecta a poblaciones del municipio madrileño de Cercedilla y está sujeta a avisos recurrentes por parte de ese Ayuntamiento por riesgo de rotura, así como las de Arenós y María Cristina (Castellón), ambas bajo gestión de la CHJ, que requieren refuerzos estructurales y mejoras de auscultación.

La Asociación Caminos propuso crear un Consejo de Seguridad de Presas, autónomo y con capacidad sancionadora, así como restaurar el antiguo Servicio de Vigilancia de Presas, dotado de técnicos especializados y financiación propia. Y llamó a reforzar la seguridad y el mantenimiento por el “grave deterioro” del parque hidráulico nacional.

“Las presas son infraestructuras críticas para la seguridad, la energía y el medio ambiente. No se trata de conservarlas por nostalgia, sino de garantizar la vida y la seguridad de todos”, concluyó Trigueros.

Por otro lado, fuentes de Transición Ecológica indicaron a Servimedia que el departamento dirigido por Sara Aagesen ha impulsado “numerosas actuaciones” para reforzar la seguridad de las presas desde que en 2021 se aprobaran las normas técnicas de seguridad de esas instalaciones.

Añadieron que este año se han aprobado tres órdenes complementarias, se han publicado tres guías técnicas de referencia y se encuentra en tramitación un real decreto que define el concepto de ‘técnico competente’. “Actualmente, todas las presas y embalses de titularidad estatal cuentan con clasificación y normas de explotación aprobadas”, apuntaron.

Por último, Transición Ecológica señaló que la inversión en seguridad de presas ha experimentado “un notable incremento en los últimos años”, con un 35,6% más en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 respecto a 2018, al pasar de 810 millones a 1.099 millones de euros. Y en el trienio 2023-2025 se destinaron más de 233,5 millones de euros a actuaciones vinculadas a la seguridad de presas.