El magistrado también les acusa de haber vendido sus acciones antes de anunciar públicamente el pasado 28 de febrero los problemas financieros de Pescanova, que tuvo finalmente que recurrir al concurso de acreedores. Estas prácticas acarrearon cuantiosas pérdidas económicas a centenares de accionistas

El juez, a través de un auto dictado hoy, admite con el aval de la Fiscalía Anticorrupción varias de las querellas presentadas e imputa a Fernández de Sousa-Faro y a Paz-Andrade delitos de falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. Fernández Sousa-Faro deberá comparecer en la Audiencia Nacional para declarar como imputado el próximo 1 de julio a las 9.30 horas. Ese mismo día está citado Paz-Andrade a las 12.00 horas.

FALSEAMIENTO DE CUENTAS

El auto señala que de las querellas se desprende que los administradores de Pescanova aprobaron unas cuentas anuales “que no se ajustaban a la realidad” y que utilizaron para dar “una imagen irreal de su situación económica y patrimonial” que llevó a los inversores a adquirir los paquetes de acciones de la entidad. Ni las cuentas anuales, ni los folletos informativos ni los informes financieros “reflejaban la imagen fiel de Pescanova”.

Ruz explica que, entre agosto de 2012 y enero de 2013, varios analistas financieros “recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo” de la información económica difundida por Pescanova.

Destaca en este sentido que Fernández de Sousa-Faro, el 16 de noviembre de 2012, avaló personalmente ante varios inversores las cuentas positivas de la entidad.

Dentro de este periodo de tiempo en el que se ofreció una información financiera y patrimonial irreal, Pescanova realizó entre julio y agosto de 2012 una operación de ampliación de capital mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 124.956.741 euros.

Para realizar esta operación, la empresa remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dos documentos con el aval de Fernández de Sousa-Faro en los que se “expresaba el cumplimiento actual de todos sus compromisos financieros sin riesgo alguno de vencimiento anticipado de sus obligaciones”.

CONCURSO DE ACREEDORES

Tan solo unos meses después, el 28 de febrero de 2013, Fernández de Sousa-Faro comunicó a la CNMV que existían dudas sobre la propia continuidad de la empresa y que no se iban a formular las cuentas anuales del ejercicio 2012. Al día siguiente la empresa inició un proceso concursal para la refinanciación de su deuda bancaria.

La CNMV suspendió el 1 de marzo de 2013 la cotización de las acciones de Pescanova. Al alzarse la suspensión el día 4 de marzo, las acciones cayeron un 60 por ciento, por lo que el órgano supervisor volvió a suspender la cotización.

Finalmente, el 15 de abril, Pescanova se declaró en concurso de acreedores.

VENTA DE ACCIONES DE LOS DIRECTIVOS

Ruz subraya igualmente que, según los querellantes, el presidente y varios directivos de Pescanova vendieron sus acciones de la entidad poco antes del 28 de febrero, cuando se dio a conocer al público su situación real. Los hicieron para “evitar pérdidas en sus patrimonios personales” y siendo plenamente conscientes “de la verdadera situación económica de la entidad.

El auto señala a Fernández Sousa-Faro, al consejero de Pescanova Alfonso Paz-Andrade y a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas como las personas que vendieron sus títulos de la entidad antes de que se anunciase su complicada situación económica.

El juez indica en este sentido que el presidente de Pescanova vendió entre el 7 y el 27 de febrero 1.688.518 acciones a precio medio de 16,26 euros, lo que le supuso un ingreso de 27.459.442 euros y con lo que evitó una pérdida 15,6 millones euros.

El juez, a tenor de estas prácticas, ha imputado asimismo a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas por un delito de uso de información relevante. Pérez-Nievas deberá declarar como imputado el 2 de julio. El magistrado ha decidido no citar por al imputado Jorge Alberto Barreras hasta que no reciba el resultado de las diligencias de investigación acordadas con respecto a este accionista.

También se ha imputado a Pescanova, como persona jurídica, por un delito de falseamiento de información económica-financiera. También han sido encausadas las sociedades Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Cabrones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardada, Golden Limit y Iber-Comercio e Industria por un delito de uso de información relevante.

BATERÍA DE DILIGENCIAS

Ruz ha ordenado asimismo la práctica de una batería de diligencias, entre las que destaca la petición a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que se investiguen los “eventuales cambios significativos operados en el patrimonio” de Fernández de Sousa-Faro y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013.

También pide a la CNMV para que le entregue el informe realizado sobre Pescanova por parte de la Unidad de Vigilancia de los Mercados el 18 de abril de 2013. El juez también quiere saber de qué se habló en la reunión que la CNMV mantuvo con representantes de la empresa el 10 de abril

El auto también sirve para pedir el informe realizado el pasado mes de abril por la Unidad de Vigilancia de los Mercados sobre la supuesta venta masiva de acciones de Pescanova por parte de la entidad Sabadell BS Bolsa FI en las fechas previas al 28 de febrero.

Varias de las querellas cuestionan la actuación de Sabadell BS Bolsa FI ya que, después de aconsejar la compra de títulos, “procedió a la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en el que las mismas experimentaban una subida”, por lo que se sospecha que podría haber utilizado información privilegiada.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

El juez Ruz rechaza en cambio acordar la administración judicial de Pescanova. Señala en este sentido que esta medida tiene como objetivo “salvaguardar los derechos de sus trabajadores y acreedores” y recuerda que ya se está llevando a cabo a estos efectos un procedimiento concursal en un juzgado Mercantil.

El magistrado defiende la competencia de la Audiencia Nacional en la causa al entender que la actuación de los dirigentes de Pescanova habrían podido causar “una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional.