Tras la retirada decidida por nacionalistas catalanes y vascos, quedaron vivas seis enmiendas de totalidad presentadas por La Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, BNG, Compromís-Equo, y ERC, que es la única formación que ha presentado un texto alternativo con su propia propuesta legislativa.

En conjunto, todas ellas consideraron el texto del Gobierno “insuficiente”, entre otras cosas porque el texto presentado el pasado mes de septiembre por el Ejecutivo ha sido ampliamente superado por los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Constitucional, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la norma.

Todos ellos criticaron que, aunque hay un pacto para imponer obligaciones de transparencia a partidos, agentes sociales e incluso la Corona, el Gobierno no ha especificado cómo va a afectar exactamente la ley a estos organismos.

También hay quejas sobre la inconcreción de las entidades privadas con financiación pública que pueden ser sometidas a fiscalización. De hecho, varios portavoces expresaron su deseo de saber si la Iglesia católica se vería afectada, y criticaron los límites que establece el texto para el acceso a la información por los ciudadanos.

Las seis formaciones que mantuvieron sus respectivas enmiendas coincidieron en reclamar que la nueva ley contemple el acceso a la información como un derecho fundamental y que, por tanto, tenga carácter orgánico. También reclaman un sistema claro de sanciones que debería aplicar una agencia independiente del Gobierno y sin incurrir en invasión competencial sobre otras administraciones.

Además, la Ley creará un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que será independiente de los poderes públicos con un presidente que deberá ser elegido por mayoría absoluta del Congreso y no podrá ser destituido durante su mandato. El texto incorporará una sistema de "infracciones y sanciones rigurosas” que aplicará un “organismo independiente”.

El compromiso del Ejecutivo en ese sentido está en la raíz de la decisión tomada por CiU y el PNV, puesto que retira la potestad sancionadora por el incumplimiento de la ley al Ministerio de Hacienda y la entrega a la Comisión independiente que se cree para la vigilancia de la ley.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció a los grupos diálogo para mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria porque esta ley "marcará un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones" y obligará a todas las administraciones públicas de España y a "todos los organismos y a las entidades privadas cuando tengan una financiación pública relevante".

El porcentaje de financiación pública que implicará sometimiento a esta ley deberá ser fijado por acuerdo en el trámite parlamentario, según dijo Sáenz de Santamaría, y será un criterio general aplicable a todas las instituciones u organizaciones y que, por tanto, hará innecesario establecer un catálogo cerrado que contemple, por ejemplo, la transparencia de la Iglesia.

La vicepresidenta destacó la intención del Ejecutivo de incluir a la Casa Real en le texto con "el mismo régimen de transparencia que tendrán el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional". Pese a que no dio detalles sobre esta nueva regulación, insistió en que "nuestra monarquía será la primera de Europa en someterse a una obligación general de transparencia" establecida por ley.

La inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia motivó las críticas del portavoz de La Izquierda Plural, Josep Nuet, que denunció un “acuerdo secreto” del Ejecutivo con la Casa Real para establecer las condiciones bajo las cuales quedará incluida.

La 'número dos' del Gobierno indicó que entre otros organismos y entidades, como los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, estará también incluido el Banco de España como órgano supervisor del sistema financiero.

La vicepresidenta rechazó las enmiendas de totalidad con el argumento de que esta regulación es “urgente e inaplazable" para "profundizar en la estrategia de reforma institucional" y advirtió que de aprobarse alguna de ellas se perdería la oportunidad de tener una Ley de Transparencia en esta legislatura. Ésta "es la primera reforma profunda para la regeneración democrática" , aseguró.

LEY DE PARTIDOS

Sáenz de Santamaría anunció que tras la Ley de Transparencia, el Ejecutivo llevará al Congreso una reforma de la Ley de Partidos, una norma para garantizar el control económico y financiero de las formaciones políticas, otra que garantizará el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, la regulación de los lobbies y medidas legislativas para "perseguir y sancionar la corrupción política".

Todo este "cambio institucional" servirá, ha añadido, "para que nuestras administraciones recuperen la credibilidad y el prestigio que merece nuestra sociedad tras 35 años de democracia".

Además, la Ley creará un “Portal de la Transparencia” que estará disponible en internet y en el que habrá "un punto de acceso único donde esté toda la información disponible de todas las administraciones y organismos".

Durante el debate se produjo un momento de tensión entre la vicepresidenta y el portavoz de ERC, Alfred Bosch, quien se ofreció a acompañar a la `número dos´del Ejecutivo al “oculista” por si no ha visto en algún cajón la tarjeta de crédito que según sus palabras suelen disfrutar los altos cargos de la administración.

Sáenz de Santamaría pidió responder de inmediato al portavoz de Esquerra, al que exigió que retirase cualquier insinuación sobre tarjetas de crédito. “Las únicas tarjetas que tengo son las que me ha dado personalmente mi banco”, dijo la vicepresidenta antes de exigir que retirara su insinuación porque “la inmunidad parlamentaria tiene un límite”.

Bosch insistió en que no había hecho ninguna afirmación, sino que había especulado, pero acabó retirando sus palabras por si “la vicepresidenta se ha sentido herida o dolida”.