El Consejo de la CNC, en su reunión de 4 de noviembre de 2009, aprobó un informe relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro”.

En él sostiene que dicho proyecto falsea la competencia, además de constituir “un sobrecoste directo importante para la electricidad producida”, que previsiblemente derivaría en “un encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas”.

Según estimaciones de la CNC, el sobrecoste por MWh (megavatio/hora) producido bajo el régimen de este proyecto normativo ascendería a más 45 euros por MWh. El sobrecoste total, en caso de que se generase el máximo de energía previsto, superaría los 1.200 millones de euros.

En definitiva, la aplicación de este real decreto a la cantidad de electricidad vendida en 2009 supondría un incremento del coste total de la electricidad, a nivel mayorista, superior al 16%. Considerando la generación de 2009, el aumento de coste variaría, según el precio de mercado, entre un 12,44% y un 20,73%.

A todo ello habría que añadir los aumentos de costes derivados de las distorsiones creadas sobre el precio del “pool” y las ineficiencias que se generarían, con lo que “el impacto sobre el coste de la electricidad sería incluso superior”.

Por todo ello, el organismo que preside Luis Berenguer entiende que las subvenciones al carbón nacional “resultan injustificadas y extraordinariamente lesivas del bienestar general” y tacha de “desproporcionado” el daño que su implementación supondría para la eficiencia de los mercados afectados y para el consumidor.

DISTORSIONES

La CNC considera, en su informe, que este real decreto crearía una distorsión de la formación de precios en el mercado, al favorecer la compra del carbón nacional frente a cualquier otro, con independencia de su calidad o coste.

También sostiene que crea una distorsión de los costes del sistema, ya que “es previsible que los agentes se vean forzados a almacenar los combustibles no usados, incrementando los costes asociados al almacenamiento”.

Desde la óptica de la competencia efectiva en los mercados, lo más “preocupante” para el regulador es que este incremento de los costes de gestión afectará de modo asimétrico a los agentes: los que gestionen mayores cantidades de combustible en España se verán afectados en menor medida que los demás, dado que el impacto relativo de estos costes de gestión será menor y que podrán minimizarlos, al contar con una mayor escala, más destinos potenciales para los combustibles no usados y mayor poder negociador frente a los proveedores.

Adicionalmente, los agentes que llevan más tiempo operando en España y cuentan con contratos más antiguos y con mejores condiciones se verán penalizados en menor medida.

De este modo, “es previsible que el Real Decreto proyectado afecte de manera adversa sobre la competencia efectiva en los mercados energéticos españoles, al reforzar a los agentes mayores e incumbentes frente a los agentes más pequeños y nuevos entrantes”.

Finalmente, se considera que la introducción de un mayor grado de incertidumbre en los mercados energéticos desincentiva enormemente la realización y ejecución de las inversiones previstas en capacidad de generación, lo que redundaría en una merma del bienestar en el largo plazo.