El Ejecutivo otorgó permisos a la empresa Petroleum Oil & Gas España en el año 2009 para llevar a cabo estas investigaciones, y defiende ahora que la compañía “presentó toda la documentación exigida” y que el procedimiento “se adecúa plenamente” a la ley del sector de hidrocarburos.

La información aportada tras el Consejo de Ministros apunta que los recurrentes (sin citar quiénes son) defendían que la autorización era contraria a la ley contra el ‘fracking’ de Cantabria, aprobada en abril de 2013 y sobre la que el Ejecutivo plantea un recurso de inconstitucionalidad.