La suspensión se mantendrá hasta que el TC resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la citada norma autonómica. La decisión adoptada hoy ha contado con el voto discrepante de cinco magistrados, en concreto de Adela Asua, Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol, quienes estaban a favor de levantar la suspensión.

La suspensión de la norma, denominada “Ley de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra”, fue acordada el pasado 14 de octubre, cuando el TC admitió a trámite el recurso del Ejecutivo del PP.

El Tribunal ha decidido mantener la suspensión al tener cuenta informes en los que han intervenido la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y en los que se advierte de que “ciertas iniciativas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios están generando incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera”.

Estos informes añaden que las actividades de las instituciones financieras españolas “tienen una conexión estrecha con el cumplimiento por España de sus compromisos internacionales en materia de ayudas de Estado”.

El Constitucional, en el auto dictado hoy, recuerda su propia doctrina y señala una sentencia de 2011 en la que se concluía que “la credibilidad de España en una situación económica de desconfianza como la presente constituía un interés público que justificaba el mantenimiento de la suspensión de una ley autonómica”.

ADVERTENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

El Constitucional también ha utilizado un informe del Banco de España, fechado el 29 de noviembre de 2013, y en el que se argumenta que leyes antidesahucio como la de Navarra “generan incertidumbre sobre el marco en el que las entidades de crédito o la propia Sareb podrán gestionar sus activos inmobiliarios. Ello es motivo de inquietud para esta Institución desde la perspectiva de sus responsabilidades supervisoras y de estabilidad financiera, por lo que pueda afectar a la evolución de los márgenes y de los resultados de las entidades en un entorno financiero tan complicado como el actual”.

“El Banco de España que la norma ha introducido ya una indeseable incertidumbre en el marco que afecta a la gestión por las entidades de crédito y por la Sareb de sus activos inmobiliarios y ha añadido inseguridad jurídica en relación con las garantías de los títulos hipotecarios de las entidades españolas, lo que podrá afectar a sus condiciones de financiación y, por consiguiente, al flujo del crédito a la economía real”, señala la resolución dictada hoy por el Constitucional.

Los magistrados del Constitucional han concluido por mayoría y en base a estas consideraciones que la aplicación de la ley navarra “puede determinar un incremento de los costes de reestructuración asumidos por el Estado y ello, en un contexto como el actual, en el que resulta imprescindible proseguir con los esfuerzos y extremar la vigilancia con el fin de proteger la estabilización definitiva del sector financiero español en un entorno económico todavía adverso”.