El presupuesto supone una reducción del 5,3% respecto al del presente ejercicio, porcentaje que supera en más de dos puntos la bajada del 3,2% del techo de gasto anunciada por el Gobierno para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Entre las partidas que más se recortan figura la dedicada a los altos cargos, con una bajada del 25,25% y que pasa de 864.930 euros este año a 646.500 euros para el siguiente curso. En esta cifra se incluyen los gastos previstos por asistencia a plenos y comisiones (307.632 euros) y los gastos de viajes, alojamiento y manutención (243.959,44 euros).

El presupuesto destinado al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se recorta sólo en el porcentaje marcado por el Gobierno para todo el sector público, un 3,2%, y pasa de los 103.060 euros del ejercicio actual a los 99.760 euros en 2015.

Mientras tanto, se incrementan las partidas dedicadas a Atención Ciudadana, un 16,99%, de 34.190 a 40.000 euros, y a Mediación, un 13,19%, de 70.680 a 80.000 euros.

El proyecto de presupuesto contempla recortes en todos los capítulos: del 6,95% en gastos de personal (29,9 millones de euros), del 1,40% en gastos corrientes (22,4 millones), del 21,90% en transferencias corrientes (579.490 euros) y del 15,93% en inversiones reales (1,85 millones).

LEY DE PATENTES

Por otra parte, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves, también por unanimidad, el informe al anteproyecto de Ley de Patentes, que propone concentrar en la jurisdicción civil, y concretamente en los órganos de lo Mercantil, el enjuiciamiento jurisdiccional de la validez de las patentes.

El Pleno ha ratificado asimismo, con 20 votos a favor y uno en contra, el informe del anteproyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones de este órgano de la Unión Europea, las redes judiciales de cooperación internacional y los magistrados de enlace.

El texto aboga por dar participación al CGPJ en el nombramiento del miembro nacional de Eurojust –el representante de España en esa unidad- siempre que sea miembro de la carrera judicial, y constata la conveniencia de que su designación no quede en el ámbito del poder ejecutivo.