El manifiesto recuerda que más de 830.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria desde que entrara en vigor el Real Decreto, y critica que esta medida se aplique pese a que afecta a un colectivo que es especialmente vulnerable. Además, en los casos que la atención se desplaza a las urgencias hospitalarias, genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, “lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención”.

En este sentido, las organizaciones firmantes afirman que en los países que se han aplicado medidas similares, el gasto no se ha conseguido reducir, sino que se puede llegar a cuadruplicar, amén de que hace que el diagnóstico de determinadas enfermedades pueda ser más lento.

“La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal y como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo”, añade el manifiesto.

Además, estas organizaciones advierten de que a pesar de que algunas comunidades autónomas emitieron instrucciones para asegurar la asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado Real Decreto “sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles”.

Por último, el manifiesto, que critica la diferente aplicación de esta normativa entre las diferentes regiones del país porque aumenta la desigualdad territorial, denuncia que el Real Decreto perjudica especialmente a las mujeres, puesto que el no poder asistir al médico con regularidad, puede hacer que no se detecten situaciones de violencia de género.