La defensa de la hermana del Rey depositó este lunes 587.413 euros que la Fiscalía le reclama como responsabilidad civil por haberse lucrado de las presuntas actividades fraudulentas con la Hacienda pública de su marido, Iñaki Urdangarin, en las declaraciones de la renta de 2007 y 2008.

En teoría, el depósito se hizo en una cuenta de los Juzgados de Palma de Mallorca. Sin embargo, Castro se ha visto obligado a advertir a los abogados de la Infanta que la cantidad establecida como fianza en concepto de responsabilidad civil no había llegado a su destino.

Según informó el propio juzgado, el dinero habría sido ingresado en una cuenta distinta, perteneciente al Juzgado de Primera Instancia número 15 de Barcelona, por un error en uno de los dígitos identificativos de la cuenta, y, por tanto, no ha llegado al número tres de Palma, por lo que no se considera consignada.

Los representantes legales de doña Cristina ya habían anunciado su intención de realizar este depósito como gesto de buena voluntad que convenza al juez instructor, José Castro, de excluirla de una causa pendiente del escrito de apertura de juicio oral, que probablemente se dictará antes de fin de año.

La Fiscalía no acusa a la Infanta de delito alguno, pero la acusación popular ejercida por Manos Limpias pide para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria en los delitos de blanqueo y fraude fiscal y no sólo como beneficiaria a título lucrativo de los delitos de su esposo.

Está en juego, por tanto, si la hermana de Felipe VI tiene que enfrentarse a juicio, algo que sólo puede suceder si el juez Castro permite a Manos Limpias acusar en solitario, en contra de la 'doctrina Botín', que establece que si Hacienda, como perjudicada, no acusa a la persona imputada, no puede ser procesada.