Así lo reconoce en su informe anual correspondiente a 2014, presentado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

La institución dirigida por Becerril recibió el año pasado un total de 561 quejas (de ellas, 537 individuales) relativas al medio ambiente sobre temas variados en los que en muchas ocasiones están implicados los tres niveles administrativos (estatal, autonómico y local) e inició 20 investigaciones de oficio.

El Defensor del Pueblo señala que la colaboración que recibió el año pasado por las administraciones fue “desigual, desde completa, argumentada, convincente y concluyente hasta exactamente lo opuesto: informes formularios defectuosos o infundados”.

El informe recalca que “el problema principal” que encuentra la institución son “las actuaciones insuficiente para la restauración de los espacios dañados: ríos, suelos y paisajes”, especialmente en los casos de minas que dejan de ser explotadas o que siguen siéndolo en condicione irregulares por infracciones con daños al medio natural.

Además, apunta que sigue siendo “insuficiente la evaluación ambiental de las actividades potencialmente agresoras de los espacios naturales”, como, por ejemplo, la explotación y conducción de gas, la pesca furtiva o el impacto de la Romería del Rocío en el Parque Nacional de Doñana. “La Administración debe proporcionar la información ambiental que se le pida y obre en su poder”, sentencia.

“FALTA DE CONTESTACIÓN”

En este sentido, afirma que ha recibido quejas “por falta de contestación” a solicitudes de información sobre la planta de explotación y almacenamiento de gas Castor y que la propia institución del Defensor del Pueblo no ha visto suficientemente atendidas sus peticiones al Gobierno en relación al ‘fracking’.

Reconoce que esta técnica para la exploración y explotación de hidrocarburos ha generado un debate tanto en España como en el resto de los países de la UE sobre todo por sus efectos ambientales, como el volumen de recursos hídricos necesarios para la fractura, la presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección (incluido el metano y sustancias radiactivas); la no recuperación de los fluidos de inyección, que permanecen y contaminan las aguas subterráneas y el suelo; la sismicidad inducida por la fracturación horizontal y la contaminación atmosférica por emisiones incontroladas de metano.

El Defensor del Pueblo recalca que algunos de estos efectos, asociados a la perforación horizontal y a los porcentajes de recuperación del fluido de inyección, son característicos de esta técnica y “pueden justificar un tratamiento normativo distinto del que se aplica a las técnicas convencionales de exploración y explotación de hidrocarburos”. De hecho, menciona que en algunos países se han aprobado moratorias (los Estados de Pensilvania y Nueva York en Estados Unidos, Quebec en Canadá y Sudáfrica), mientras que en otros se está prohibido (Francia y Rumanía).

SUGERENCIA

En este sentido, la institución comandada por Becerril asegura que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha rechazado su sugerencia de que divulgara el informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre sus recomendaciones en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica.

“Teniendo en cuenta el volumen de recursos hídricos que emplea esta técnica y los riesgos para la contaminación de los acuíferos, es manifiesto que el informe resulta de interés, al menos para las Confederaciones Hidrográficas”, apunta.

Además de esta sugerencia, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el permiso de investigación denominado ‘Luena’ (Cantabria y Burgos) para conocer las medidas que eviten los riesgos asociados al ‘fracking’.

“La información aportada hasta ahora no ha sido suficiente, en particular sobre las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección, el volumen de recursos hídricos necesarios, el porcentaje de líquido de inyección que se recupera y las sustancias radiactivas. Tampoco es concluyente la información sobre la aportación al sector energético que supone en España la explotación de gas no convencional mediante el empleo de fractura hidráulica”, añade.

En consecuencia, ha solicitado al departamento dirigido por José Manuel Soria que envíe al Defensor del Pueblo información sobre si hay soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados derivados del ‘fracking’ para que el riesgo de contaminación sea equiparable al de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos y si hay “estudios concluyentes” sobre la incidencia positiva y significativa en el modelo energético nacional.

“Parece insoslayable que se valore y motive la autorización del ‘fracking’, ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y seguridad de las personas. También se le ha solicitado información sobre el número de permisos de exploración, investigación y explotación de ‘fracking’ ya concedidos y que estén en trámite”, apostilla.

Por último, el Defensor del Pueblo califica de “deficiente” la evaluación ambiental del proyecto Castor, indica que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente no ha informado de los criterios ambientales para la modificación del trasvase Tajo-Segura y pone en duda que el llamado Mercado de Derechos de Emisión de CO2, con el que plantas industriales reducen las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, incentive el beneficio ambiental.